DESDE LA GARITA

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En el departamento de San Pedro continúan las presiones políticas a los intendentes colo’o para alinearse como velas a la orden del dictadorcillo, el “petiso chupín”. Cuentan que la orden es congraciarse principalmente con el entorno del mandamás de la República. Algunos pynandi comentan que se encuentran entre la espada y la pared porque los ciudadanos ni quieren escuchar el nombre de este “colorete”.

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Dicen las malas lenguas que algunos jefes comunales incluso fingen ser fieles seguidores del líder del “nuevo rumbo”, para no ser calificados como traicioneros y a la vez perseguidos, como ocurre con algunos que no apoyan el descabellado proyecto de “rekutu”.

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Hablando de “rekutu” presidencial, en Santaní muchos de los que en principio apoyaban la idea al parecer ya se arrepintieron. Dicen que conocidos politiqueros y llamadores de radioemisoras locales ya no realizan sus efusivos discursos contando las maravillas del Gobierno y que solamente el “petiso chupín” puede cambiar el destino del país.

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La denominada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) está cada vez más incompetente, mientras el grupo criminal EPP se fortalece en el norte de nuestro país. Según los pobladores, los fracasos de los efectivos de seguridad se volvieron constantes a pesar del millonario presupuesto existente para el combate a los delincuentes.

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Los lugareños comentan que la inutilidad de los miembros de la FTC se pudo notar semanas atrás en una incursión por los “espesos” bosques norteños. Las fuerzas aliadas (militares y policías) casi fueron protagonistas de un lamentable episodio porque no existía coordinación y cada una de las instituciones realizaba su trabajo por separado y sin rumbo.

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La ciudadanía sampedrana se pregunta si un funcionario del Ministerio Público puede ser depositario judicial. La interrogante surge porque resulta incoherente que un defensor legal de la sociedad utilice un vehículo incautado de los narcos. Esperamos que los fiscales que trabajan en el segundo departamento puedan responder a los pobladores.

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Los nuevos alumnos de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca) estarían siendo obligados por la decana, Rossana Morales, a participar del famoso bautismo de bienvenida. Dicen que los estudiantes son amenazados con sanciones drásticas en caso de no asistir.

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Cuentan que los “bichos” también deben abonar G. 100.000 para costear el “acto” de bienvenida. Dicen que Gamarra se encarga de exigir este monto con la amenaza de que los nuevos no iniciarán el año lectivo si no pagan.

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Dicen que el gobernador churro campaña de Cordillera se ha convertido en los últimos años en todo un terrateniente. Según los chismosos, el jefe departamental luego de llegar al poder adquirió varias propiedades en el tercer departamento. Cuentan que algunas licitaciones, en especial del contratista favorito, Elio Acosta, están dejando muy buenos réditos.

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El senador chatarrero, Pichín Quiñónez, estaría analizando pugnar de vuelta por la silla principal de la Gobernación de Cordillera en caso de aprobarse el descabellado proyecto de rekutu. El político colorete, que ya no tendría más chances como legislador, no quiere quedar sin un zoquete en el año 2018. Ahora se entiende por qué apoya fuertemente la inconstitucional iniciativa.