DESDE LA GARITA

Los intendentes del departamento de Cordillera están con las barbas en remojo a raíz de la ola de pedidos de intervención de diferentes comunas de nuestro país. Los pedidos son realizados por la ciudadanía, cansada de tanta corrupción y latrocinio.

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Ante esa situación, un grupo de jefes comunales fue al Congreso para pedir una suerte de blindaje. ¿Qué tienen que ocultar por eso hay tanto temor? Es la gran pregunta. 

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Los lectores de esta columna comentaron que algunos jefes comunales del tercer departamento no se caracterizan por tener una buena gestión. Dos de ellos, el intendente de Tobatí, Dan González (PLRA), y Jacinto González (PLRA), de Mbocayaty, están procesados por indicios de corrupción. También hay seis exintendentes que están bajo investigación por graves irregularidades administrativas.

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Para los hechos de corrupción no hay color, ni partido. Colorados y liberales actúan de la misma forma a la hora de robar. Es una lástima que sean muy pocos los concejales municipales que realizan su labor de contralores. La mayoría se convirtió en cómplice o trabaja en forma conjunta con los jefes comunales en los negociados y sobrefacturaciones, cuentan los que saben. 

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Comentan que en varios distritos del departamento de San Pedro continúan apareciendo los “servidores” sociales de la Federación Nacional de Familias Sintecho, Sintierra y Afines (Fenafata). Dicen que los “líderes” sacan dinero a las familias, con la promesa de entregar una vivienda digna.

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Pese a que muchos pobladores fueron advertidos de que el proyecto no tiene el apoyo legal de ninguna institución del Estado, todavía existen algunas personas que todavía creen la falsa promesa de los seudodirigentes. 

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Cuentan que también existen otros grupos de embaucadores que constantemente están visitando los asentamientos informales y poblaciones rurales. Muchos en su desesperación de conseguir un lugar digno para vivir caen en las redes de los estafadores sinvergüenzas.

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Se comenta que la Gobernación de Caaguazú está “patas arriba”. El actual jefe departamental, Alejo Ríos (PLRA), aún no logra agarrar el timón y poner la cosas en orden. Dicen que el actual mandamás del departamento usa más su tiempo en realizar acusaciones contra el exgobernador Eliodoro Giménez (PLRA), por dejarle la institución en la miseria. 

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Ríos acusa a su correligionario de vaciar las arcas públicas en menos de seis meses y por ese motivo no puede emprender obras de relevancia en el quinto departamento.

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El presidente de la Junta Municipal de Abaí, Carlos Éver Duarte Enciso (Frente Guasu), al parecer tiene complejo de persecución. En un programa de radio declaró que la “derecha” corrupta le persigue. También dijo que es el tahýi re que está recorriendo el cuerpo de los corruptos. 

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Cuentan los que saben que el edil comunal, que estaría usurpando vivienda para gente de escasos recursos, de esta forma intenta tapar las innumerables denuncias en su contra. Una de ellas es que ocupa el cargo de concejal de Abaí, pero él vive en San Juan Nepomuceno, dicen.

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