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Pretenden crear comisión de control

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
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Una comisión de control de la ejecución de las obras del gobierno departamental pretende crear la Junta Departamental. Será ante las denuncias y reclamos por el estado actual de algunos trabajos hechos por la Gobernación.

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ENCARNACIÓN (José Miguel González, de nuestra redacción regional). El objetivo es verificar las construcciones realizadas por la institución departamental y que actualmente se encuentran en mal estado. También se buscará determinar los motivos de dicha situación.

Los pobladores solicitan que una de las firmas a ser investigadas sea Construmax Constructora, perteneciente a María Nidia Silva Coronel, que tiene contratos de trabajos inconclusos con la Gobernación en varios distritos. “Debería habérsele iniciado un juicio por estafa. Esa fue la recomendación al actual gobernador Juan Schmalko (ANR), pero se le dio otra oportunidad, pese a que también tiene la póliza de seguro vencida”, expresó el exsecretario de Obras de la Gobernación de Itapúa arquitecto Darío Zárate Rondelli.

El extitular de Obras también cuestionó que la firma ni siquiera cuenta con oficina. Es una empresa de portafolio ubicada en Laurelty, Luque, dijo.

Intentamos comunicarnos con la señora Silva Coronel, pero no nos atendió.

El actual secretario de Obras de la Gobernación, ingeniero Luis Larré, en tanto, afirmó que “se están siguiendo los pasos legales”, sin ahondar en el tema.

Deficiencias

Por otra parte, uno de los edificios construido por la citada empresa, con serias deficiencias, es la Comisaría 3ª de Encarnación, inaugurada en enero de 2015. El edificio presenta graves problemas estructurales. “Rotura de tirantes, múltiples goteras, paredes con humedad permanente, baños cuyas paredes cayeron y pisos rotos son solo parte de la serie de falencias”, expresó el jefe policial, Marcos Aquino.

Existen otras tantas obras sin terminar que la Gobernación otorgó a Construmax en otros municipios. En enero de 2017 se inició la construcción del edificio para la sede de la División de Investigación de Delitos de la Policía Nacional por un valor de G. 1.407.550.000 con un tiempo de construcción de cinco meses. A más de un año, la empresa constructora abandonó la obra antes de alcanzar siquiera el 50 por ciento de lo previsto.

Inexplicablemente, recibió el desembolso de más del 70 por ciento del monto establecido en el contrato.

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