En medio de la crisis generada por la intención de los ocho concejales de imponer la continuidad del pésimo servicio, se reveló que ninguna de las empresas que prestan el servicio en la ciudad paga canon a la Municipalidad de Encarnación para poder operar. “Sí abonan 3% mensual por la perforación del boleto”, aclaró la directora de Recaudación de la Comuna, Gricelda González.
Ese monto que el municipio deja de percibir podría interpretarse como una subvención directa realizada durante los últimos 20 años de explotación.
La anarquía en que se manejó el tema en el ámbito municipal durante las anteriores gestiones comunales llega al punto tal que no existe compromiso contractual entre la Municipalidad y los transportistas. La jugada de la corporación legislativa, justamente, es darle el marco legal a los dueños de las chatarras.
“Sin consultar al intendente y menos a los usuarios, el Legislativo saca una ordenanza express, a la carta y a la medida de los transportistas”, expresó el jefe comunal Luis Yd (Alianza), luego de conocer la decisión de la mayoría de la Junta Municipal. Intentan imponer al Ejecutivo celebrar contrato con estas empresas y así otorgarles el carácter jurídico, que no tienen con la comuna, sostuvo.
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El artículo 19º de la ordenanza –vetada por Yd– dice que desde junio del 2017 los buses deberán ser “modelos 1992 en adelante”, es decir, chatarras con 25 años de antigüedad. Para dorar la píldora, los ediles de la ANR introdujeron en el dictamen el medio pasaje para los universitarios; boleto gratuito a los de la tercera edad y personas con discapacidad, a sabiendas que los colectivos chatarra no tienen rampas para que los usuarios con problemas físicos puedan ascender.