Bogado quiere ser senador

Víctor Alcides Bogado en su acción ante la Corte pide como medida de urgencia que se suspendan los efectos de la Resolución N° 523 y se le devuelva su banca de senador hasta que se resuelva la inconstitucionalidad. Sin embargo, al día siguiente de ser expulsado del Senado, la banca ya fue ocupada por el suplente Arnaldo Franco (ANR, cartista).

El exsenador alega que el 13 de mayo pasado los senadores decidieron retirarle su investidura de parlamentario y en ese acto violaron su derecho a la defensa y por esa razón es que está recurriendo a la máxima instancia judicial.

Cuando el debate sobre la pérdida de investidura parlamentaria se estaba dando, los preopinantes alegaron que Víctor Bogado incurrió en la violación del artículo 201 inciso 2 de la Constitución Nacional, que habla de que el uso indebido de influencias es una causal de expulsión de un parlamentario y que por esa razón se decidió por amplia mayoría sacarle la banca. Bogado alega que durante ese debate se le negó el derecho a la defensa.

En su escrito de inconstitucionalidad Víctor Bogado dice que solicitó salir de la sala de sesiones debido a cómo se estaba llevando a cabo el debate y que no se iba a prestar a esa situación.

Pero agrega que su salida del recinto parlamentario no implicaba que no quería ejercer su defensa. Sigue apuntando Bogado que nunca renunció a su derecho a la defensa, pero que en ese ínterin ya le retiraron su investidura.

Víctor Bogado dice que no pudo dar su versión de los hechos y que la condena que le aplicó el tribunal de sentencia todavía no se encuentra firme, por lo que no le pueden retirar su investidura. También hace mención de que no fue juzgado por tráfico de influencias y por todo esto pide que se le reincorpore al Senado.

Sin embargo, hasta el momento la Corte solo recibió la acción y todavía no se expidió sobre la medida cautelar solicitada.

Apelación

Aparte de la acción planteada ante la Corte, la defensa de Bogado también presentó la apelación contra el fallo del 3 de mayo pasado cuando el tribunal de sentencia integrado por Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina lo encontró culpable del hecho de cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice de su “niñera de oro” Gabriela Quintana.

En el escrito se pide que la Cámara de Apelación revoque el fallo de primera instancia y lo absuelva de culpa y pena.

Pide condena por estafa para todos

En su apelación presentada la semana pasada los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz solicitan a la Cámara de Apelación que se anule parte de la sentencia dictada el 3 de mayo pasado en que los jueces resolvieron excluir el delito de estafa por no haber encontrado los elementos para sustentar esta calificación.

El Ministerio Público apunta que existen elementos de sobra que demuestran que el exsenador Víctor Bogado, su “niñera de oro” Gabriela Quintana y el exjefe de gabinete de la Cámara de Diputados Miguel Ángel Pérez incurrieron en la conducta delictiva de estafa.

“Se encuentran presentes los elementos subjetivos de la estafa (dolo directo de primer grado) y el elemento subjetivo adicional, que está probado con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial indebido; por lo tanto, la conducta es típica, y al no haberse demostrado alguna causal de justificación también es antijurídica”, señala una parte de la apelación y, en consecuencia, al final se solicita que los acusados sean juzgados también por el hecho de estafa, que fue desechado en el juicio oral.

Según los fiscales, se debe condenar a los acusados por estafa.

Defensa quiere un nuevo juicio

El abogado Andrés Casati, representante de la “niñera de oro” Gabriela Quintana, también presentó la apelación contra el fallo que condenó a su cliente el pasado 3 de mayo a un año y seis meses de cárcel con suspensión de la ejecución y plantean la nulidad del juicio oral.

Casati en su escrito señala una serie de fallos y errores que cometieron los jueces Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina y debido a eso es que quiere que el juicio se vuelva a realizar.

En otra parte, Andrés Casati señala que este juicio no se pudo haber realizado ya que la causa por la que fue juzgada su clienta, estaba extinta.

La supuesta prescripción ya planteó el abogado al inicio del juicio oral y dijo que ya se sobrepasó el tiempo para ser investigado. Sin embargo el fiscal René Fernández se opuso a eso y explicó que hubo un error de parte de Casati al hacer el planteamiento. Los jueces terminaron dando la razón al Ministerio Público y de esa manera no corrió el pedido de prescripción de la causa.

Gabriela Quintana está condenada pero con suspensión de la ejecución, lo que significa que no irá presa, pero fue obligada a hacer donaciones de dinero por dos años.

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