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10 de Setiembre de 2018

| Traban los casos

Breve gobierno liberal dejó tendal de imputados

Por Víctor Franco Novarecci

Con la destitución por juicio político del presidente Fernando Lugo el 22 de junio de 2012, asumió la presidencia el liberal Federico Franco, y varios de sus ministros y directores de otras instituciones se vieron involucrados en hechos de corrupción que hasta hoy, en muchos casos, están parados por chicanas.

Federico Franco Gómez estuvo poco más de un año como presidente, nombró a muchos de sus correligionarios en cargos importantes y ese tiempo les bastó a varios de ellos para estar actualmente investigados por hechos de corrupción.

El comienzo de todo se dio cuando se organizó el juicio político para sacar al presidente Fernando Lugo, por mal desempeño en sus funciones luego de que se diera la masacre entre campesinos y policías en Curuguaty. 

En un juicio que dejó muchas dudas sobre la forma veloz en que se llevó a cabo, se logró borrar del mapa político a Lugo. 

Para esto se unieron liberales y colorados, pero los que se llevaron la tajada más grande del “botín” fueron los liberales ya que el vicepresidente era Federico Franco y ni bien se destituyó a Fernando Lugo, ya apareció para jurar como nuevo presidente de la República del Paraguay.

Con el advenimiento de un nuevo gobierno, también se vinieron los cambios en los principales ministerios y entes. Los cupos liberales fueron los que más cargos ocuparon en ese último año de gobierno.

Al parecer los largos años en que el Partido Liberal no estuvo en el poder hizo que muchos al asumir cargos públicos cayeran en hechos de corrupción. Al finalizar el gobierno liberal se denunciaron estos hechos y los presuntos responsables fueron llevados ante la justicia, para que respondan por sus actos.

Se desvió dinero público que tenía que ir para la gente, a lo que se suma que se prometieron muchas cosas que nunca se cumplieron.

Justicia amiga

Hubo ministerios como el de Agricultura donde se robo descaradamente dinero que tenía que ser invertido en las cosechas y hasta hoy no hay culpables, pero lo más grave es que el dinero nunca más va a aparecer por más que se sentencie a los responsables de estos despojos.

Se vendieron tierras que pertenecían a pueblos indígenas cuando se sabe que por ley esos territorios no pueden ser vendidos. Se podría decir que se dio rienda suelta a la corrupción en poco más de un año.

Pero la justicia amiga les dio una mano a estos políticos para quienes siempre se tuvo consideración de parte de jueces, fiscales y de la misma Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano judicial y a la vez el que más casos “cajonea” y “enfría” cuando el poder de turno así lo dispone.

Federico Franco dejó la presidencia en agosto de 2013 pero nunca fue investigado, así como tampoco miembros de su familia de quienes se decía que estaban detrás de muchos de los hechos que llegaron a ser judicializados. 

Actualmente el expresidente de la República no aparece más en actos públicos. Si bien en una manifestación contra el pedido de renuncia del diputado José María Ibáñez llegó hasta la plaza del Congreso para dar su apoyo, fue corrido del lugar al grito de “corrupto”.

Un breve gobierno liberal dejó desesperanza y pobreza esparcida por todo el territorio paraguayo.

Quesnel es el único que fue condenado por dos causas

Rubén Darío Quesnel, quien se desempeñó como titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), ya tiene dos condenas en su contra por hechos de corrupción, una de ellas ya está firme.

El primer proceso contra Quesnel se abrió tras una denuncia que señalaba que se vendieron 25.000 hectáreas de unas tierras que están en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco, asiento de 19 familias de la parcialidad Ayoreo.

Las investigaciones apuntaron directamente contra Rubén Darío Quesnel, quien en octubre de 2012 dio la autorización para que se concretase la venta, con la excusa de supuestamente regularizar el asentamiento de los ayoreos, pero lo que se llegó a demostrar es que se dejó sin sus tierras a los indígenas.

En un juicio oral el tribunal de sentencia, integrado por Blanca Irene Gorostiaga, Gloria Hermosa de Correa y Carlos Hermosilla, encontró culpable a Quesnel y lo condenó a 6 años y seis meses de pena privativa de libertad, por los hechos punibles de lesión de confianza y abandono.

En el año 2015, esta condena fue confirmada por la Cámara de Apelación integrada por Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Antonia López de Gómez. Desde entonces Quesnel está preso en la cárcel de Tacumbú.

Pero aparte de este caso, a Quesnel se le abrió otro proceso, esta vez por el millonario desvío de dinero que tenía que ser utilizado para comprar tierras a dos comunidades indígenas.

La denuncia estuvo dirigida contra Quesnel como principal responsable, su exadministradora Marlene Mendoza; Éver Otazo, funcionario del Indi; y Óscar Viera, expresidente de la Fundación Reforeast Par.

El Indi recibió G. 3.127 millones que debían ser destinados a la compra de tierras para las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa en el Chaco Paraguayo, sin embargo ese dinero nunca llegó a destino.

En el juicio oral la fiscalía exhibió un video del circuito cerrado del Banco Nacional de Fomento (BNF) donde se ve perfectamente a Rubén Darío Quesnel y Marlene Mendoza retirando G. 2.127 millones, y los otros mil millones fueron retirados por Éver Otazo; de esa forma se hizo desaparecer el dinero.

El 29 de julio pasado el tribunal de sentencia integrado por Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Elio Rubén Ovelar, encontró culpables a todos los acusados y le aplicó a Quesnel una pena de diez años de cárcel más 50 días multa, por dilatar el juicio. Los demás condenados son Marlene Mendoza, a 6 años de cárcel; Éver Otazo, a 3 años y 6 meses; y Óscar Viera, 2 años y 6 meses.

Pese a la ejemplar condena que se le aplicó a Quesnel y sus cómplices, lo que nunca más se recuperó fue el dinero que desviaron estos funcionarios.

Es el que más procesos tiene

Luis Ortigoza asumió como titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desde el 29 de junio de 2012 (siete días después de la asunción de Federico Franco a la presidencia) y estuvo hasta el 14 de abril del 2013. En ese periodo la justicia le abrió cuatro causas penales, en todas ellas por millonarios desvíos de dinero.

Haciendo uso y abuso del derecho, Luis Ortigoza logró paralizar por casi cinco años todos sus casos y no se somete a la justicia.

La primera causa que se le abrió a Ortigoza fue por la compra de 5.000 hectáreas de tierras en el departamento de Cordillera de la firma San Agustín, lo que causó un perjuicio de G. 48.000 millones, en el que también estaría ligado el senador Jorge Oviedo Matto. En este caso también está procesado el político liberal y exdiputado Milciades Duré.

También hay un segundo proceso abierto contra el extitular del Indert por la venta irregular de 52.000 hectáreas en Alto Paraguay que derivó en un desfalco de G. 15.381.715.000.

El tercer proceso otra vez es la venta de tierras de la Reserva del Mbaracayú, cuyo perjuicio es de G. 40.000 millones al Estado.

El cuarto proceso penal contra Luis Ortigoza es por la adjudicación a un ciudadano árabe de un lote de 10 hectáreas que correspondía al aeropuerto de Capitán Bado. Ali Hatem, el que adquirió estas tierras, pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por las 10 hectáreas que tenían un valor mucho más elevado.

En el marco de este último proceso es que cuando se estaba tratando de hacer por décima vez la audiencia preliminar ante el entonces juez Hugo Sosa Pasmor, la defensa del procesado presentó una chinaca, por lo que el magistrado dispuso sancionar a Luis Ortigoza y su abogado Álvaro Arias, con una multa de 100 días, equivalentes a G. 7.015.500, por ser litigantes de mala fe. En el caso de la venta de tierras de la firma San Agustín, quedó congelado en la Corte que debe resolver un planteamiento. 

En los otros casos cada vez que se resuelve una chicana, se presenta otra y se frena el proceso. De esta manera no se puede llegar a juicio en ninguna de las causas.

Exministros procesados

Enzo Cardozo y Rody Godoy, ambos exministros de Agricultura y Ganadería, están procesados por millonarios desvíos de dinero. A ambos no solo les une el haber ocupado la misma cartera del Estado, sino que también que no se someten a la justicia empleando incidentes meramente dilatorios para no llegar a un juicio oral y público.

Enzo Cardozo, Rody Godoy y Maristela Azuaga son los principales procesados por el desvío de G. 3.700 millones que debían ser destinados a comités de productores a través de proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope).

En este proceso los acusados se turnan para presentar incidentes y dilatar el avance del caso.

Aparte de este proceso, los dos exministros de Agricultura tienen abierta otra investigación por un desvío de G. 68.000 millones de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp).

Gracias a una chicana que se presentó y que la Corte Suprema de Justicia no resuelve, el proceso por estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, apropiación y producción de documentos no auténticos, para Cardozo y Rody, quedó paralizado.

Los otros acusados Silvio Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Fenaprofhp, respectivamente, fueron condenados a 11, 9, 9 y 7 años de cárcel. Cardozo y Godoy no quieren ir a juicio por temor a ser condenados.

El “rey” de las chicanas

El actual senador (liberal efrainista) Enrique Salyn Buzarquis hace cuatro años está procesado por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas, debido a que el 24 de setiembre de 2012, cuando era ministro de Obras Públicas, firmó un convenio marco y dos anexos en Roma, Italia, con el presidente de Anas International Enterprise, Pietro Ciucci.

Esta firma se comprometía a realizar estudios de suelo en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú; el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tenía que pagarle la suma de US$ 500.000, más US$ 100.000 de un supuesto aporte de Yacyretá. 

La denuncia señalaba que Buzarquis para firmar este contrato debía contar con la autorización de la Presidencia de la República para suscribir un convenio internacional en representación del Estado.

Debido a eso fue imputado en el 2014 por la fiscala Victoria Acuña y desde entonces el senador liberal presentó cuanta chicana uno se pueda imaginar para no someterse a la justicia.

Ya logró suspender su audiencia preliminar en diez ocasiones y en una de ellas, el año pasado, había presentado un certificado de reposo y luego se supo que estuvo de viaje por el Uruguay. Esto le valió que se le abriera otro proceso que luego logró evitar que llegara a juicio. Buzarquis se presenta como que siempre está a disposición de la justicia, pero los innumerables incidentes demuestran lo contrario.

victor.franco@abc.com.py

 
 

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