El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presentó el 22 de noviembre pasado en la Sala Bicameral del Congreso un paquete de 12 proyectos de modificación de leyes para el combate al lavado de dinero y el crimen organizado.
Esta iniciativa es con miras al riguroso examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará en el 2020. La intención es evitar que el país caiga nuevamente en la lista gris de países no cooperantes a nivel internacional por las serias deficiencias en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto traería consecuencias nefastas para la economía del país, advirtió la Seprelad.
Veamos algunas propuestas que actualmente están en estudio en el Congreso Nacional (ver infografía). El Ejecutivo plantea modificaciones a la vigente ley antiterrorismo y propone aumentar las penas hasta 30 años cuando los hechos sean cometidos por policías o militares. También tipifica el adoctrinamiento, reclutamiento y apología del terrorismo.
El proyecto de ley que modifica la Ley 4024 “que castiga los hechos punibles de terrorismo” es uno de los que planteó el Ejecutivo dentro del paquete de propuestas presentado a la Cámara de Senadores el pasado jueves.
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La propuesta mantiene, para quien cometa actos de terrorismo, la pena privativa de libertad de 10 a 20 años de prisión.
No obstante, aumenta la pena mínima cuando los autores o partícipes de hechos de terrorismo sean miembros de la Policía Nacional, las FF.AA. o de otras instituciones de seguridad del Estado.
También aumenta la expectativa de prisión cuando se atente contra la vida del presidente de la República u otras altas autoridades de los tres poderes o cuando se atente contra instalaciones y miembros de las FF.AA.
En el mismo sentido, se establece mayor e pena de prisión para quienes, siendo miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, integren o ayuden a una asociación de tipo terrorista.
Otras modificaciones a la ley vigente contra el terrorismo se introducen en el artículo 3°, sobre el financiamiento de esta actividad delictiva así como a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El nuevo artículo propuesto es más específico en cuanto a la tipificación del delito y los modos de financiamiento del terrorismo con sus respectivas penalidades que llegan hasta los 20 años de prisión.
Entre las propuestas legislativas presentadas por el presidente Mario Abdo Benítez para combatir al crimen organizado se busca modificar el Código Penal, con el objetivo de simplificar el decomiso de bienes y ampliar el concepto de lavado de activos.
Surgen penas contra delitos fuera del sector público como la “manipulación de mercados de precios”, la “información privilegiada” y el “soborno privado”.
En el paquete de leyes resalta el proyecto de modificar el Código Penal (Ley 1160/97) (ver la infografía). Dicho proyecto plantea crear el Artículo 96b de “Orden Autónoma de Comiso”. El mismo señala que se podrá disponer una orden de comiso autónomo cuando existan cosas, derechos o bienes provenientes de “hechos antijurídicos” constatados, y se verificaren causales fundadas para decretar la orden.
El hecho antijurídico es definido en el Código Penal como “la conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal y no esté amparada por una causa de justificación”. No aparecía en lo relacionado al lavado y ahora es introducido.
La propuesta también modifica el Artículo 196 con el que el lavado de dinero pasa a llamarse lavado de activos y se castiga con cinco años de cárcel o multa. Se aplicará para “el que convirtiera u ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico, o respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso, su comiso especial o su secuestro”. Otro agregado es la creación del artículo 191b, sobre la manipulación de mercados, que se castigará con una pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.
La ley afectará a los que manipulen o alteren los mercados financieros o de valores difundiendo hechos falsos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de materias primas relacionadas
Se considerará que el hecho es especialmente grave cuando el autor utilizara información privilegiada o use su posición privilegiada como accionista o directivo. También se aplica a funcionarios de la institución pública encargada de la supervisión del mercado financiero o de valores.
Entre otras propuestas, el Ejecutivo también plantea redistribuir el porcentaje del dinero y los bienes incautados de narcos y lavadores entre la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), con la mayor parte; la Fiscalía, la Seprelad, la Senad y Policía Nacional. Excluye de la repartija al Poder Judicial en su propuesta de modificar la Ley N° 5876/2017, De Administración de Bienes Incautados.
martín.riveros@abc.com.py