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El proyecto de ley, actualmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, fue presentado el año pasado por la diputada y exfiscala Rocío Vallejo (PPQ), con respaldo de los diputados del PLRA, PEN, Hagamos y los colorados Ramón Romero Roa (independiente) y Derlis Maidana (cartista).
“Esto es hoy un problema grave que atenta contra las investigaciones y el avance de los procesos. Se pierde la inmediatez, y la Corte termina confirmando a los fiscales. Hay que dar las herramientas legales a la justicia para poder avanzar en los procesos y que, por otro lado, todo este proceso de recusación debe ser rápido y las autoridades deben expedirse sin dilaciones para desalentar las recusaciones, que son al solo efecto de dilatar”, expresó la diputada Vallejo.
La parlamentaria, quien se desempeñó como fiscala en la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, recordó que ya en aquel entonces se empezaban a “chicanear” con recusaciones.
“Con nosotros comenzó. Fue en aquella causa de financiamiento de campaña colorada con fondos de Itaipú; en un allanamiento, yo había encontrado muchísimos documentos; a la una semana, me recusaron a mí y a todos los fiscales”, recordó.
Decisión, en manos de la FGE
Específicamente, el proyecto propone la modificación del artículo 57, referente a la inhibición y recusación.
Una de las principales modificaciones propuestas consiste en que el fiscal recusado seguirá interviniendo en la causa, y únicamente las resoluciones que rechazan la recusación podrán ser recurridas.
“Y se resuelve en Fiscalía General; ya no va a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía es autónoma. La Corte resuelve sobre la intervención de un juez, no envía a la fiscalía. En ese mismo sentido, que la fiscalía resuelva quién es el fiscal que continúa. Todo debe ser rápido, para desalentar la chicana”, acotó la diputada Vallejo.
Equipo del Ministerio Público prepara ajustes
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunció que pretende realizar algunas modificaciones en el proyecto presentado, a fin de cubrir algunas falencias observadas por un equipo de trabajo integrado para estudiar el documento.
“Tenemos un proyecto que presentaremos para intentar frenar las constantes recusaciones sin fundamento, pero identificamos algunas falencias con el equipo de trabajo, las corregiremos y posteriormente lo presentaremos. Lo que plantea el proyecto es que las recusaciones sean hechas con objetividad, porque aquí hay veces que no le encuentran al agente fiscal, y ya los recusan; no son convincentes muchas recusaciones”, indicó Quiñónez.
“Nosotros somos seleccionados por políticos, nos enjuician políticamente; nos eligen el Consejo de la Magistratura, donde hay representantes políticos; nos enjuician en el Jurado, donde hay políticos, pero contra todo eso a nosotros nos avala el trabajo”, agregó. Quiñónez destacó que este tipo de investigaciones son complejas en cualquier parte del mundo, y que los fiscales tienen total autonomía para realizar su trabajo.
Fue en ocasión de brindar su apoyo a los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Recusaciones, ahora en bloque
La exposición de motivos destaca que en nuestro país se ha instalado como práctica recusar a los agentes fiscales, lo cual afecta gravemente la investigación en los hechos punibles complejos.
“La inmediatez es muy importante en las investigaciones fiscales, y la separación de los agentes fiscales, a veces con recusaciones que alcanzan a toda una unidad e incluso a los fiscales adjuntos, se ha vuelto una práctica que perjudica a las investigaciones de todo tipo”, precisa el documento.
“Las recusaciones en bloque (...) eso es una locura (...) a todos los fiscales de una unidad y al adjunto (...) todos los casos de corrupción tienen recusaciones”, indicó Vallejo, al justificar la necesidad del cambio legal.
Chicanas aplazan diligencias claves
Los perniciosos efectos de las recusaciones pueden observarse en varios casos, como el del expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) Rubén Darío Quesnel, que logró suspender su juicio por lesión de confianza y otros delitos más de diez veces, con recusaciones a jueces, fiscales, camaristas y hasta ministros.
Con la misma artimaña, varios fiscales son apartados en etapas claves de importantes investigaciones, como en el caso de supuesto enriquecimiento ilícito del político Javier Zacarías Irún, el proceso por millonario desvío del Ministerio de Agricultura que afecta al ahora parlasuriano Enzo Cardozo (PLRA) y la causa de Walter Bower por torturas, entre otros.
Prueba de fuego para legisladores
“Yo considero que debe existir un acompañamiento firme de los legisladores; hechos, decisiones, y no discursos solamente. Esta ley será un prueba para quienes quieren una justicia mejor”, expresó la diputada Rocío Vallejo.
La parlamentaria comentó que actualmente está en conversaciones con referentes del Ministerio Público para ajustar los últimos detalles del proyecto de ley, para luego trabajar en impulsar su aprobación.
“Tuvimos una reunión con la gente de la Fiscalía, y quedamos en ajustar el texto. Hablé con Augusto Salas (fiscal adjunto), y vamos a coordinar reuniones para las próximas semanas para poder arrancar con eso”, comentó la parlamentaria.
rferre@abc.com.py