Así lo resolvió la jueza penal de garantías María Gricelda Caballero, tras descartar el sobreseimiento definitivo planteado por la defensa. La acusación tiene relación a su gestión al frente del ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, específicamente a raíz de la firma de un convenio marco y dos anexos en Roma con la empresa italiana Anas International Enterprise SpA para estudio de suelos en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú sin autorización, en el 2012. Por este trabajo se tenía que pagar a la firma internacional US$ 600.000 para un estudio de suelo para la construcción de carreteras y un plan de desarrollo para Ñeembucú. Buzarquis no tenía autorización de la Presidencia.