Estos dos diputados utilizan sus fueros para frenar las pesquisas judiciales en su contra. En el caso de TomÁs Fidelino Rivas, desde el 20 de mayo del año pasado cuando fue imputado por sus “caseros de oro” por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios, uso de certificados y otros, pero el diputado presentó toda una serie de incidentes para dilatar que la Cámara Baja trate su desafuero.
Apeló la comunicación que hizo el entonces juez penal de Garantías Rubén Riquelme a Diputados, para pedir su desafuero. En este caso recibió una ayuda de la Sala Penal de la Corte que retuvo el caso por más de ocho meses, al no resolver las recusaciones que presentó la defensa de Rivas contra los camaristas.
Finalmente, tras cumplirse un año de haberse presentado la imputación, la Corte y la Cámara de Apelación resolvieron los incidentes, pero Tomás Rivas recusó a la jueza penal de Garantías Leticia Paredes, para evitar que esta comunique el pedido de desafuero.
El argumento de Rivas era que la jueza al firmar algunas resoluciones ya tomó postura en el proceso, pero la magistrada lo que en realidad hizo fue informar a la Cámara Baja que ella recibió el expediente del diputado tras la jubilación a la que se acogió el juez Rubén Riquelme y que todavía no firmó ningún escrito en la presente causa. Los camaristas al analizar el expediente se dieron cuenta de que la jueza no pudo incurrir en el hecho denunciado ya que no tuvo aún intervención en el expediente.
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De esta forma quedó más que demostrado que la recusación fue solo una chicana dilatoria para evitar el curso normal del proceso.
Cuando se resolvieron todos los incidentes y además existía ya una presión ciudadana contra Tomás Rivas, el 22 de mayo pasado la Cámara de Diputados le retiró sus fueros al parlamentario para que sea sometido a la investigación judicial.
El 24 de mayo pasado, cuando la Cámara Baja le informó a la jueza Leticia Paredes que Tomás Fidelino Rivas ya no contaba con fueros, la magistrada aceptó la imputación, procesó al diputado y lo citó para el 3 de junio a las 08:30, para la audiencia de imposición de medidas.
Mientras que a los caseros Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, para la audiencia preliminar en la que se resolverá si la causa será elevada o no a juicio oral y público, para ellos.
Según la acusación de la fiscala Yolanda Portillo, de julio de 2016 a enero de 2017, Nery Antonio Franco González cobró indebidamente en la Cámara de Diputados G. 24.000.000, con un salario de G. 3.000.000. Por su parte, Lucio Romero Caballero cobró 17.791.660 guaraníes con un ingreso de G. 2.000.000.
En tanto que Nery Antonio Franco González, en el mismo tiempo, percibió G. 24.000.000, con un salario de G. 3.000.000.
Yolanda Portillo señala que cometieron estafa y cobro indebido de honorarios. Los tres supuestamente figuraban en la planilla de la Cámara Baja, pero en realidad eran caseros de Tomás Fidelino Rivas, en sus diferentes casas; el diputado los hizo figurar como sus asistentes en la Cámara Baja a la que nunca acudieron,
Este caso es calcado al que se dio con el exdiputado (también colorado) José María Ibáñez, quien también fue procesado por tener tres “caseros de oro”. En este proceso la fiscala Victoria Acuña pidió juicio oral para el exdiputado, pero luego accedió a que el mismo tenga una salida procesal, aceptó una donación y no llevó el caso a juicio; de esa manera lo blanqueó.
De zapatero a millonario
El caso del actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, también está plagado de chicanas y eso que el afectado está siendo investigado y no es aún imputado.
Cuevas, quien era un humilde zapatero de la ciudad de Sapucái, en el departamento de Paraguarí, actualmente posee una serie de estancias en la zona. Su último paso como gobernador de Paraguarí es el que dejó estelas de supuestos hechos de corrupción; por esa razón es que la fiscala Josefina Aghemo le inició una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; sin embargo, Cuevas recusó a la agente cuando la misma estaba ya avanzando en las pesquisas. El argumento fue que la agente del Ministerio Público era parcialista, fundamento rechazado por la Sala Penal de la Corte que confirmó a la referida agente en la causa, pero antes de que el expediente le sea devuelto, la esposa de Cuevas presentó una segunda recusación contra la fiscala con el mismo argumento que presentó su marido. Esta impugnación igualmente fue rechazada.
Mientras se aclara el incidente, la Fiscalía General del Estado designó como agente interina en la investigación a la fiscala Irma Llano, quien amplió la investigación de Cuevas a toda su familia.
La semana pasada, la agente Llano encabezó una serie de allanamientos a las estancias del diputado Miguel Cuevas para constatar lo que tiene y encontraron gran cantidad de ganado.
La agente Irma Llano dijo que esta investigación está llegando a su final y que para la primera semana de junio espera los últimos informes de los peritos, para luego ver si existe delito y presentar una imputación.
Por su parte, los ciudadanos autoconvocados se manifestaron frente a la fiscalía de Irma Llano la semana pasada exigiendo ya la imputación del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.
Las chicanas de Tomás Rivas se iniciaron el 20 de mayo de 2018 cuando presentó una apelación contra el pedido de desafuero que hizo el entonces juez Rubén Riquelme. El 25 de junio de 2018 llegó a la Cámara de Apelación Cuarta Sala y al día ya fueron recusados los camaristas Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias.
El 15 de marzo de 2019 la Sala Penal declaró inadmisible para su estudio la recusación planteada por el diputado Tomás Rivas contra los camaristas Arias y Ortiz Barrios y el expediente fue devuelto a la Cámara de Apelación Cuarta Sala, el 19 de marzo de 2019, 8 meses y 9 días después.
El 26 de marzo de 2019 una vez más el procesado Reinaldo Chaparro, uno de los “caseros de oro”, recusó a los tres miembros de la Cámara de Apelación y el 10 de abril se resuelve el rechazo de la recusación. Entre los días 23 y 26 de abril de 2019 los camaristas emitieron sus votos y el 2 de mayo se destrabó el caso.
El 6 de mayo de 2019 el diputado Tomás Rivas presentó una acción de inconstitucionalidad y recusó a la jueza Leticia Paredes. El 20 de mayo pasado se rechazó su inconstitucionalidad y se confirmó a la magistrada, quedando el caso destrabado luego de exactamente un año de estar chicaneado.
victor.franco@abc.com.py