Motochorros y peajeros generaron luto y desgracia en la población más desprotegida, esa que se levanta de madrugada para ir a su lugar de trabajo y regresa ya entrada la noche a la casa. Ni la muerte a tiros de un padre tratando de defender a su hijo en el barrio Kennedy de Capiatá, o el alevoso asesinato de un joven con el solo propósito de arrebatarle una moto fueron suficientes para que los organismos de seguridad buscasen estrategias para paliar la inseguridad reinante.
Pero cuando un grupo de criminales organizados comenzó a asestar fuertes golpes a las bocas de cobranzas de los distintos bancos instalados en los supermercados de la capital y el departamento Central, rápidamente el mismo ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor se reunió con los empresarios propietarios de estos comercios aglutinados en la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y dispuso que 400 efectivos de la Policía sean destinados para el resguardo de las bocas de cobranzas desde la primera quincena del mes de abril pasado.
En la práctica, ¿qué significa esta resolución ministerial? Que 400 uniformados serán sacados de las comisarías para resguardar el dinero de los bancos dejando más desguarnecida la seguridad del ciudadano común. En un principio indicaron que iban a destinar agentes de las diferentes agrupaciones para este servicio, pero al final cada comisaría debe distraer tres efectivos para cubrir cada una de las bocas de cobranzas instaladas en su jurisdicción. Esto realmente es vergonzoso y humillante, proteger el dinero de las entidades privadas con uniformados pagados por el pueblo y a expensas de la seguridad ciudadana.
Sin ánimo de ser populista, pero ¿qué autoridad se toma la molestia de interiorizarse y asistir a las víctimas de la inseguridad, cuando estos son simples trabajadores? En la tarde del Miércoles Santo, la enfermera Lidia Aranda de Acosta (42) fue baleada por dos motochorros en un fallido asalto callejero en Itapuamí, Luque. La profesional, madre de dos hijos, regresaba caminando a su casa tras entregar su guardia en el Hospital Distrital de la ciudad y cuando ya casi arribaba a su destino fue interceptada por los maleantes.
Igual suerte corrió Francis Ananías Morales Morel (33 ), madre de dos hijos –de 14 años y 4 años, respectivamente–. La mujer trabaja en una lomitería del barrio San Pablo de Asunción y cada madrugada viaja 20 kilómetros a bordo de su motocicleta, hasta su casa ubicada en Rojas Cañada de Capiatá. En la madrugada del martes pasado cuatro maleantes la emboscaron y balearon para robarle la moto, justo cuando llegaba a su casa.
En las últimas semanas, los asaltos y robos se instalaron en el casco histórico de la ciudad, a metros de la misma Comandancia de la Policía. Es más, un oficial de Policía fue apuñalado y despojado de una cámara al costado del Cabildo, a 100 metros de la oficina de guardia de la Comandancia, días después en la misma zona una periodista haya sido asaltada y despojada de su cartera. También un adolescente vendedor de remedios yuyos fue víctima de un golpe detrás del cuartel policial. Todo esto ocurre en una zona que supuestamente debía ser la más protegida y segura de la ciudad.
Qué autoridad se ha tomado la molestia para evitar que esto siga ocurriendo; el comandante Vázquez se ha preocupado más por su ascenso que por la seguridad y el ministro Villamayor en quedar bien con los empresarios que con el pueblo que los escogió para gobernantes.
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