En agosto de 2013 la Cámara de Diputados contrató a Favio Ernán Gómez Chamorro, Éver Isaac Falcón Valenzuela y Viviana Patricia Falcón Valenzuela, como auxiliares administrativos, pero ninguno de los tres cumplió con esas funciones; es más, nunca se enteraron de que eran parte del funcionariado público, ellos eran los caseros del diputado José María Ibáñez en una lujosa casa que tiene el parlamentario en la ciudad de Areguá.
Sin embargo, cuando el caso fue descubierto la fiscalía imputó a José María Ibáñez, por haber peticionado la contratación de sus caseros; a la esposa del político, Lorena Plabst, la que cobraba el dinero que se les depositaba a los empleados; y la exjefa de Gabinete de la Cámara de Diputados María Liz Gutiérrez, por haber sido cómplice de Ibáñez. Finalmente los más vulnerables del proceso los caseros Favio Ernán Gómez Chamorro, Éver Isaac y Viviana Patricia Falcón Valenzuela, también fueron imputados.
A través de declaraciones, documentos y otras pruebas se fue demostrando en la investigación la culpabilidad de cada uno de los procesados.
La fiscala Victoria Acuña, una de las investigadoras, había señalado el año pasado que entre los meses de junio y setiembre se presentaron las acusaciones contra todos los imputados y ella era de la postura que el caso debía ser resuelto en un juicio oral y público.
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La propuesta
Pero el diputado José María Ibáñez en un intento por no llegar a un juicio oral había deslizado la propuesta de hacer una millonaria donación a un hospital, reconocer el hecho punible y reparar el daño.
Sin embargo, todo esto quedó descartado con la acusación planteada por el Ministerio Público, que pidió llevar al caso a juicio y dejó de lado cualquier tipo de arreglo. Desde entonces la situación cambió radicalmente y cada vez que se trata de hacer la audiencia preliminar, los diferentes procesados van tomando turnos para presentar una chicana diferente.
El primer aplazamiento se dio el 15 de octubre de 2014, luego se fijó para el 12 de noviembre de ese mismo año y una vez más el caso quedó pospuesto para el 26 de diciembre, cuando Ibáñez recusó al juez Fernández, por supuesta parcialidad. De ahí en más pasaron 10 meses para que el 23 de octubre se vuelva a llamar a la diligencia, pero una vez más se aplazó y se fijó para el 16 de diciembre pasado la nueva convocatoria, pero esta vez la exjefa de gabinete de Ibáñez, María Liz Gutiérrez, se vio agraviada por la celeridad con que el juez Miguel Tadeo Fernández recibió el expediente proveniente de la Corte Suprema el 7 de diciembre y ese día fijo la fecha de la audiencia preliminar.
Los caseros son los más vulnerables
Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Patricia Falcón Valenzuela y Ever Isaac Falcón Valenzuela, los tres caseros del diputado José María Ibáñez, son los más vulnerables dentro de esta investigación, ya que ellos fueron contratados para realizar tareas en la casa de fin de semana del político colorado y se les abonaba un suelto por ello.
Sin embargo, nunca supieron que ese dinero no salía del bolsillo de su patrón y que en realidad fueron contratados por la Cámara Baja, para realizar tareas para los que no estaban preparados.
Los tres estaban contratados en la Cámara de Diputado como auxiliar administrativo y tenían asignado un salario de G. 2.500.000, sin embargo ellos nunca tuvieron acceso a las tarjetas con las que se pagaban los sueldos; es más, nunca cobraron el dinero.
En su declaración, Favio Gómez dijo que él y su esposa Viviana Falcón solo cobraban G. 1.200.000 y G. 500.000 respectivamente. El tercer empleado, Ever Falcón, recibía solo G. 800.000, entre los tres recibían G. 2.500.000. Los otros G. 5.000.000 iban a parar a los bolsillos de Ibáñez y su esposa, quien era la que iba a cobrar el dinero, según se determinó en la investigación llevada a cabo por la fiscalía.
Un gran engaño es el que se montó en torno a los tres caseros, para que sea el Estado el que les abone un sueldo para cuidar la casa de veraneo del diputado José María Ibáñez, quien está acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios, es uno de los más comprometidos. Con esta nueva suspensión de la audiencia preliminar hace que todo el proceso se estanque y lo más probable es que la diligencia no se realice más este año. En enero hay un mes de feria judicial y recién para febrero se podría fijar la nueva fecha.
victor.franco@abc.com.py