Con el desafío de liderar lucha por la transparencia

En su primer discurso ante periodistas de distintos medios de comunicación, el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón se comprometió a “profundizar todo lo que tenga que ver con la transparencia”.

Asimismo, aseguró que trabajará con ahínco para que la mora judicial no siga “tan campante” no solamente en instancias inferiores, sino que también en esferas de la Corte Suprema.

Jiménez Rolón, quien ingresó a la máxima instancia judicial en octubre pasado como ministro de la sala civil en reemplazo de Miguel Oscar Bajac (jubilado), fue electo presidente con un total de 6 votos sobre 2 para Gladys Bareiro de Módica –de la Sala Constitucional– quien quedó como vicepresidenta segunda.

Como vicepresidente primero fue electo el ministro de la sala penal Luis María Benítez Riera, con 6 votos. El ministro Manuel Ramírez Candia tuvo un voto, al igual que la ministra Bareiro.

Actualmente, está en trámite el proceso de selección del noveno ministro, en reemplazo del destituido Sindulfo Blanco (Sala Penal).

Sesiones públicas

En esa tesitura, queda por ejemplo empezar por impulsar la aprobación de la propuesta de extender la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia a las reuniones de las salas, cuando se trate de temas de interés general.

Casos emblemáticos como procesos vinculados a autoridades nacionales como hechos de corrupción pública, acceso a la información pública, tráfico de influencia y libertad de expresión son algunos de los temas de interés público que la ciudadanía gustaría acompañar los argumentos de los integrantes de la máxima instancia judicial.

Esta cuestión fue planteada en la sesión del 5 de febrero pasado por el ministro Manuel Ramírez Candia y a la fecha, se espera que los demás ministros presenten sus respectivas opiniones sobre el particular.

“(...) yo creo que no habría ningún inconveniente aquí de que algunas decisiones importantes de la sala penal se hagan en forma pública, de la sala penal y de la constitucional. ¿Cuál sería el problema? Yo creo que va a redundar en beneficio de la ciudadanía y de la comunidad jurídica”, argumentó Ramírez en aquel entonces.

Racionalización de recursos

La racionalización de los recursos del Poder Judicial es otra materia pendiente, para lo cual se encuentra en marcha actualmente un estudio sobre el punto a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas. En ese afán, hasta se propuso realizar una ajuste de las tasas registrales, para poder cubrir el aumento a magistrados y actuarios.

Resta saber si dicha evaluación también llevará en cuenta –e incluirá prescindir– las jugosas bonificaciones y beneficios que multiplican los ingresos de los “mimados” de la Justicia, varios de ellos provenientes de dicho sector y también aquellos que ostentan cargos de confianza de las autoridades judiciales.

Viáticos, viajes superfluos, gastos innecesarios, pagos a funcionarios “viajeros” y beneficios varios que en conjunto superan varias veces el valor de los salarios de los beneficiarios son algunas de las “joyas” que abundan en el Poder Judicial.

Precisamente a propuesta del ministro Jiménez Rolón, en febrero pasado se decidió solicitar la nómina de los exmagistrados recontratados por el Poder Judicial como asesores, así como un informe su producción.

Según explicó entonces, la medida tiene el propósito de poder evaluar la conveniencia de dichas contrataciones.

Estos derroches contrastan directamente con las necesidades observadas en los distintos juzgados, cuya precariedad de recursos es muchas veces paliada con “vaquitas” de funcionarios que ante los oídos sordos de la oficinas de administración, deben disponer de sus limitados ingresos para cubrir las necesidades de las oficinas y así poder cumplir con sus labores.

Concurso público

En una sesión realizada en octubre del año pasado, se había establecido la obligatoriedad de concurso público para ingresar al Poder Judicial y también para ascender.

En aquel entonces, se estableció que dicha tarea quedara a cargo del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ), que debía implementar los concursos de méritos y aptitudes para ingresar tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo.

Ahora habrá que realizar los ajustes correspondientes para llevar dicha disposición a la práctica.

Los políticos y sus procesos

Actualmente, se encuentran estancados en distintas salas de la Corte Suprema de Justicia procesos abiertos a varios políticos a raíz de diferentes recursos planteados. ¿Podrá el nuevo titular de la Corte cambiar esta realidad?

Son los casos del senador colorado Víctor Bogado, procesado por el escándalo de la “niñera de oro”; del exsenador colorado Óscar González Daher, procesado por tráfico de influencias y otros delitos y del diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), imputado por tener caseros de “oro”.

Un caso como mínimo insólito es el del exgobernador e Presidente Hayes, Dr. Eugenio Escobar Cattebeke, que a pesar de que la Corte declaró firme la condena de 2 años y 6 meses por desvío de 1.321 millones de recursos destinados al vaso de leche y otros, hasta la fecha no ha cumplido aún su condena debido a una acción promovida ante la CSJ.

Similar letargo afecta los procesos a los liberales Milciades Duré, acusado por el negociado de la compra de tierras de la firma San Agustín SA en que el perjuicio al Estado fue de G. 46.000 millones, siendo gobernador y miembro del consejo del Indert y el exsenador y actual parlasuariano Enzo Cardozo, quien afronta dos procesos, ambos por estafa y lesión de confianza por millonario desvío detectado durante su administración al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2011-2012).

Los problemas de hoy y siempre

La falta de infraestructura que hace años afecta a los juzgados de Lambaré, al igual que a otras dependencias del interior, en contraste con Palacios vacíos, evidencia la mala distribución de los recursos del Poder Judicial. Actualmente, la Corte paga G. 40 millones mensuales por tres locales en Lambaré. Ahora apuntan a tener sede propia en un terreno donado por la Comuna local.

Establecer una estrategia que permita poner freno a las chicanas que dilatan el normal desarrollo de los procesos y fomentan la impunidad, es un eterno reclamo. Pese a que las argucias judiciales abundan, las sanciones a los chicaneros son escasas, y tampoco hay medidas contra jueces que se apartan sin fundamentos válidos.

El ministro Antonio Fretes da indicaciones al director de la Oficina de Auditoría de Gestión, Abog. Mario Elizeche (der.), durante un recorrido por los juzgados. Conocer el resultado de las numerosas autorías dispuestas por la Corte –en su gran mayoría manejadas con sumo hermetismo y, por ende, desconocidos– sería un gran paso en pro de la transparencia de la administración de justicia.

Mora judicial

“(...)Ratifico lo que ha señalado el Prof. Dr. Torres Kirmser en el sentido que se ha estado trabajando intensamente a los efectos de profundizar la transparencia y de evitar que siga tan campante la mora judicial. Y sí, puedo significar que comparto estos mismos objetivos y trabajaré incesantemente para que el PJ responda a las expectativas de la ciudadanía”.

Transparencia

“Quiero profundizar todo lo que tenga que ver con la transparencia; lo que hemos logrado ha sido una decisión del pleno, de manera que no quiero atribuirme méritos exclusivos. En la misma tesitura está el doctor Ramírez Candia, que se incorporó a la Corte junto conmigo y, reitero, es una demostración de acercamiento entre la Corte, el PJ en general y la ciudadanía”.

Más control

“(...) lo que corresponde para poder lograr este objetivo (estar al día con los expedientes) es seguir avanzando con los controles, seguir con los análisis estadísticos de producción tanto de magistrados en el ámbito de las instancias jurisdiccionales inferiores como en materia de ministros de la CSJ”.

Apoyo gremial

“Yo provengo de la abogacía, y agradezco pro- fundamente el respaldo que me han dado para que pudiera acceder a este cargo tan importante, a la ciudadanía que se ha manifestado últimamente como una valla inexpugnable de los principios democráticos y, consecuentemente, son realmente una garantía para el devenir de la patria”.

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