Condena por cobro indebido desató polémica

Tras el escándalo generado por el desvío de dinero del Estado para el pago de salarios por servicios no prestados y que benefició a familiares y empleados de parlamentarios, se dictó en la semana pasada la primera sentencia. La decisión no está exenta de polémica, como la situación que derivó en la apertura del proceso, que generó incluso el escrache a senadores y diputados en distintos lugares públicos.

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En la semana pasada, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla condenó a la médica Perla Paredes, hija de la diputada Perla Acosta, a dos años de prisión por cobro indebido de honorarios, producción indebida de certificados sobre méritos y servicios y uso de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de autora y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de instigadora.

El fallo establece que la condenada no irá a prisión, pues la sentencia es con suspensión a prueba de la condena.

En la audiencia preliminar realizada en la semana pasada, Acosta ofreció devolver el dinero cobrado en forma irregular en 24 cuotas de G. 17 millones, G. 408 millones en total, propuesta que contó con la aprobación de la fiscalía.

En la ocasión, Amarilla determinó que el monto que Perlita debe regresar al Estado es G. 376.362.253, que es la suma que cobró de manera indebida a la Itaipú, A la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Diputados. El magistrado estableció que el 50% (G. 188.181.126) debe ser entregado en un plazo máximo de 72 horas y la suma restante, abonada en 48 cuotas.

Paralelamente, el magistrado le impuso las obligaciones de entregar G. 2 millones mensuales al comedor Mitã Raity, a cargo de la señora Sara Servián, hasta completar G. 48 millones.

El fallo dispone, además, que Perlita deberá prestar servicios médicos en Clínicas durante cuatro horas semanales, de manera gratuita, durante dos años.

Condena a docente

A su vez, la docente Fátima Díaz de Velázquez también fue condenada a 2 años de prisión con suspensión y a devolver los G. 50 millones que cobró en forma ilegal. Díaz, directora de una escuela de Itacurubí del Rosario, figuraba a la vez como “asesora” en Diputados.

rferre@abc.com.py

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