Los fiscales René Fernández, José dos Santos, Liliana Alcaraz y Claudia Criscioni presentaron la imputación contra el senador colorado en calidad de cómplice del hecho punible de cobro indebido de honorarios, que tiene una expectativa de pena de 2 años de cárcel o multa.
Con relación a Quintana Venialgo, los delitos consignados son estafa en grado de tentativa y cobro indebido de honorarios, ambos en calidad de autora.
Si bien la mujer realizó una manifestación de intención de devolver lo que cobró en Itaipú Binacional, G. 71.683.460, esto no es considerado todavía como devolución de lo defraudado por el Ministerio Público.
La imputación penal esboza la siguiente relación de hechos:
“Gabriela Quintana Venialgo fue nombrada funcionaria permanente de la Cámara de Diputados por Resolución N° 681 del 17 de febrero de 2010 con el cargo de Técnico (1) Categoría D4D, función que desempeña hasta la fecha, según planilla de asistencia de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
El 4 de marzo de 2013 obtuvo su contratación en la Entidad Binacional Itaipú como asistente administrativo categoría II, con una retribución mensual convenida de G. 8.739.300 correspondiente al nivel 34A de la tabla salarial vigente en la Itaipú, hasta el 11 de octubre de 2013, fecha en la que su contrato fue rescindido.
Según la planilla de liquidación de haberes de Itaipú hasta el mes de setiembre, la misma cobró en total la suma de G. 71.683.460.
De lo que surge la sospecha que Gabriela Quintana Venialgo ha cobrado indebidamente una doble remuneración en atención a lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Nacional y la Ley 700, que prohíbe a los funcionarios públicos percibir más de un sueldo o remuneración de manera simultánea.
Además, según lo establece la cláusula de exclusividad contenida en el contrato celebrado ante Gabriela Quintana Venialgo y la entidad binacional Itaipú surge la sospecha de que la misma ha realizado una declaración falsa de los hechos, puesto que se ha comprometido a prestar servicios en esta institución, pese a no tener la voluntad de hacerlo al momento de la contratación, ya que la misma era funcionaria permanente nombrada en la Cámara de Diputados en donde, según las planillas de asistencia, concurría diariamente.
Con esta declaración falsa, Gabriela Quintana Venialgo habría logrado la errónea representación del director de la Binacional (Franklin Boccia), quien creyendo que la misma cumpliría con el trabajo pactado dispuso el pago de un salario mensual que a su vez constituye un perjuicio patrimonial de G. 71.683.460 para la institución, que no ha percibido la prestación que corresponde al pago de contraprestación durante los meses del contrato”.
Los hechos del senador
De acuerdo a la imputación fiscal, el senador Víctor Bogado, por nota Nº 4446 del 5 de marzo de 2013 presentado el 8 de marzo de 2013, en su carácter –entonces– de presidente de la Cámara de Diputados, solicitó a la Itaipú el comisionamiento de Gabriela Quintana Venialgo “funcionaria permanente de la Itaipú” para prestar servicios en la Cámara de Diputados hasta el 31 de diciembre de 2013.
Esto fue concedido por la Itaipú Binacional a partir del 15 de marzo de 2013 hasta 31 de julio de 2013.
En consecuencia, por nota Nº 4683 del 4 de junio de 2013 presentada ante la Itaipú el 17 de junio de 2013, Bogado en su carácter de Presidente de la Cámara de Diputados solicitó la prórroga del comisionamiento de la señora Gabriela Quintana Venialgo para continuar prestando servicios en la Cámara de Diputados.
Con dicho comisionamiento, el parlamentario logra que Gabriela Quintana Venialgo perciba remuneraciones de la Cámara de Diputados y de la entidad binacional Itaipú”.
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