Desgarrador informe sobre niños y adolescentes en el Paraguay

Forma parte del país que duele y más aún cuando se trata del fuero Niñez y Adolescencia. El Estado paraguayo sigue siendo criminalmente moroso en su simbólica garantía de preservar los derechos de los niños y adolescentes. El estado de vulnerabilidad se enumera en cada uno de los aportes objetivamente narrados en el Capítulo VI de dicho informe con el título: “Paraguay persiste en garantizar de modo limitado los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

La modificación de varios artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, como la elevación al rango de Ministerio a la otrora Secretaría Nacional de la Niñez considera el citado informe como algo fundamental, sin embargo se recortó el presupuesto de esta cartera en un 3% tomando como franja de estudio el último lustro.

La necesidad de fortalecer los programas ya existentes como el Programa para la Atención Integral de los Niños y Adolescentes que viven en la calle (PAINAC), Abrazo, Primera Infancia entre otros, mayor inversión social para la garantía de los sujetos de derecho de este fuero, son aspectos que resalta ese informe y a los cuales se debe prestar especial atención.

Actualmente en nuestro país, 35 compatriotas de cada 100 son niños, niñas y adolescentes, lo que representa tomando como base el mismo informe un total de 2.494.944 personas entre 0 y 17 años de edad, siendo la población urbana el 61,7%, mientras que la rural 38,3%. Esa franja poblacional (la de 0 a 17 años) es la más vulnerable por razones de pobreza, discapacidad, relaciones étnicas desiguales, analfabetismo, género, cambio climático entre otros.

Cuatro de cada diez niños en nuestro país viven en estado de pobreza, ello se agrava en algunos departamentos como San Pedro, Caaguazú, Caazapá y Concepción; donde la cifra pasa de 4 a 6 niños pobres por cada diez; 66%; habiendo en total 332.339 niños en el año 2016 sido transferidos al programa Tekoporã, siendo la franja entre 0 a 14 años.

La pobreza, lejos de ser una problemática de análisis para la implementación de políticas públicas eficientes, se lo observa como un verdadero peligro, estigmatizando a los niños y adolescentes como delincuentes o futuros delincuentes, teniendo como única respuesta del Estado la represión o intervención de las agencias de control de manera de ocultar la injusticia social, lo cual es doblemente contradictorio y doloroso en un Estado Social de Derecho.

El mismo informe que retrata todo el esfuerzo que se debe implementar de una vez por todas para que las letras de la norma jurídica no sean mera expresión de deseo, también se refiere a la situación de los niños y adolescentes indígenas, donde la vulnerabilidad aumenta notablemente. Tomando como fuente la Encuesta Permanente de Hogares del año 2016 señala que uno de cada dos personas indígenas poseen entre 0 y 17 años.

La mayoría se concentra en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Canindeyú. La mayor parte (52,2%) en la Región Oriental y la restante 48,2% en la Occidental. El 50% de ellos no están matriculados, siendo condenados al analfabetismo eterno.

El fuero especializado tampoco se exime de las observaciones del informe. Tomando como fuente un estudio del año 2015 que se basó en datos de la propia Corte Suprema de Justicia y aun limitándose el campo de estudio a la zona metropolitana, manifiesta la existencia de falencias con respecto a este tipo de juicios. Afirma que la duración de los procesos y el quantum alimenticio son elementos que deben reconsiderarse. “El tiempo es clave y las consecuencias de estos hallazgos son alarmantes”, señala el informe. (Continuará).

*Juez de la Niñez de Misiones.