Pagó G. 1.200 millones por empedrados sin concluir
El fiscal Julio César Yegros acusó por lesión de confianza, por un supuesto perjuicio de más de G. 1.200 millones, al actual intendente de Salto del Guairá, Carlos César Haitter Cabrera (PDP) y pidió que afronte juicio oral y público por pagos de obras de empedrados que no se ejecutaron debidamente y algunas hasta abandonadas.
El representante del Ministerio Público indica en su escrito que la denuncia fue presentada por el abogado Aureliano Brítez, en representación de la comuna afectada.
El fiscal asegura que la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la ejecución de contratos de obras de empedrados. Finalmente y mediante pericias contables y de tramos de los caminos vecinales que debieron ser empedrados, se determinó un supuesto perjuicio de G. 1.258.412.458.
El investigador realizó vía anticipo jurisdiccional de pruebas, las pericias de obras y contable, para las que fueron asignadas por parte del Ministerio Público los peritos del Laboratorio Forense Lic. William Arias, con respecto a la pericia contable, y el arquitecto Víctor Causarano, respecto a la pericia de obras.
Los contratos que están objetados en la acusación penal son los firmados con el Ing. Venancio Filomeno González, Ybyturuzú CICSA, Tape Porã SRL, Hidrolatina SA, M&T Construcciones y RG Construcciones. Todos los trabajos tenían que ver con pavimentos tipo empedrados en caminos vecinales.
Según el fiscal, Haitter “tenía la obligación legal de proteger el patrimonio de la Municipalidad de Salto del Guairá, teniendo en cuenta que conforme a los antecedentes obrantes en la carpeta fiscal, el incumplimiento de los contratos formados ha generado perjuicio patrimonial bastante considerable...”
Agrega: “Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante”.
El daño se materializó por un lado, porque las obras ejecutadas están incompletas, y por otro, porque se abonaron por obras sin que se ejecuten propiamente. Algunas, inclusive, fueron abandonadas.
Perjuicio de más de G. 10.000 millones
El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera acusó por lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y uso de documentos no auténticos a los exintendentes de Puerto Pinasco, Nelson Carreras Insaurralde (PLRA) y Digno Ramón Acosta (PLRA), por un supuesto desvío de más de G. 10.000 millones entre los años 2011 y 2015, de todos los recursos disponibles, que fueron los fondos Fonacide, royalties y recursos genuinos.
El agente asegura que Carreras se desempeñó como titular comunal desde diciembre del 2011 hasta agosto del 2015, luego de lo cual fue reemplazado por Acosta, quien ocupó el cargo cuatro meses. En total, los acusa de un faltante de G. 10.278.134.643.
Según el fiscal, la suma de G. 8.527.409.552 se “esfumó” durante la gestión de Carreras, y el resto, G. 1.750.725.091, es imputable a la administración de su sucesor, Acosta.
El mayor despilfarro se dio con cobros de cheques al portador y la modalidad fue tan burda que el Ministerio Público pudo comprobar la creación de empresas constructoras ficticias, a las que se destinaron millones sin siquiera licitación pública.
La Contraloría General corroboró la inexistencia de obras declaradas.
Además, se contrataron consultores fantasmas y se hizo figurar a mecánicos y choferes como “técnicos especialistas”.
Asimismo, emblemas de estaciones de servicio negaron la existencia de relaciones comerciales con la comuna y se detectaron pagos por provisión de combustibles a empresas que ni siquiera existen físicamente.
Tampoco se emitieron los comprobantes de ingresos por las transferencias recibidas en conceptos de Fonacide y Royalties, por lo que esos recursos sencillamente se esfumaron.
Como cómplices de la lesión de confianza fueron acusados los concejales municipales José Alberto Carreras Insaurralde (hermano del exintendente), Luis Giménez Rodas y Esteban Antonio Ávalos Pereira.
A su vez, se incluyó a los exfuncionarios municipales, Luis Alberto Irala, extesorero comunal; Domingo Ramón Arias, exsecretario general y exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Sergio Javier Martínez, de Secretaría General, en calidad de cómplices de producción y uso de documentos públicos de contenido falso y apropiación.
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