La disuasión se define como el uso o la amenaza de castigo con la intención de evitar que las personas violen la ley que rige la convivencia en sociedad. En Paraguay, tiene un efecto a corto plazo, según se detalla en la investigación realizada por el consultor e investigador Andreas Schneider, en su artículo “Teoría de la disuasión en Paraguay: Explorando casos de fraude y lesión de confianza” (Deterrence Theory in Paraguay: Exploring Fraud an violation of trust cases) publicada en la revista internacional Social Sciences.
Si bien la investigación se enfocó en delitos de cuello blanco y fraude, la teoría de la disuasión se pueda aplicar a cualquier otro hecho punible.
Según refiere Schneider, en nuestro país el efecto es a corto plazo, pese a que se castiguen los delitos y son socializados por los medios masivos de comunicación. Sin embargo, existe reincidencia en los mismos.
Un resultado a largo plazo se puede lograr mediante tres elementos que consideró en su investigación que son: la certeza (denuncia), la celeridad (resolución de los casos en menor tiempo posible) y la severidad (un castigo ejemplar a los delitos o crímenes cometidos).
Casos sin estatus
En otro momento comentó que durante la recolección de datos para su investigación, notó que existen numerosas causas que no tienen un estatus, es decir, no se especifica si hubo o no imputación, si fue archivada, si el procesado fue acusado o la causa fue desestimada y las razones.
Así, consideró que todos los casos deben llegar hasta el final, a modo de ejemplo
Mala distribución de recursos
Schneider señala que los procesos en el sistema judicial paraguayo son lentos debido, sobre todo, a que la investigación y el enjuiciamiento recaen en el Ministerio Público, y no hay otro órgano que lleve a cabo la pesquisa.
En cuanto a la severidad, señala que no se ve un promedio constante de sentencias judiciales por año y que la tasa de casos no resueltos es una cantidad importante.
Además de estos puntos, el investigador hace referencia a que año tras año se suman más funcionarios al sistema judicial para labores administrativas, pero no se observa celeridad. Se añade, que se destina más presupuesto por año, pero tampoco contribuye eso para que la sociedad reciba justicia.
En tal sentido puntualizo “el presupuesto disponible para el sistema judicial aumentó un 12,47% en promedio entre 2005 y 2017. El presupuesto para el tribunal aumentó un 11,78%, y para el Ministerio Público, un 11,31% en el mismo período”. Todos los recursos son mal administrados, comentó Schneider, pues en lugar de invertir en la informatización del sistema judicial para su seguimiento, los fondos se distribuyen en salarios para funcionarios, que en muchas ocasiones, no tienen funciones específicas.
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