El agua que alcanzó a Calé, al Senado y a la Justicia

Minutos antes nada más Alberto Martínez Simón era elegido en reemplazo de Sindulfo Blanco, alguien a quien el poder político le colocó en la máxima instancia judicial y, pese a los numerosos cuestionamientos, recién decidió removerlo de su puesto faltando ocho días para cumplir 75 años, edad límite para ocupar un cargo judicial.

La Corte que se está reformando casi en forma natural es producto de un Senado integrado por legisladores que por años pretendieron, y lo lograron, marcar desde su curul la línea que debe seguir un país en el ámbito de la seguridad jurídica.

Está en pleno proceso el concurso por el cargo que dejó José Torres Kirmser, aquel ministro que junto a su colega Víctor Núñez no tuvieron problemas en participar del cumpleaños de Galaverna, el mismo que se jactó al señalar que iba a dictar el “criterio político” al entonces miembro de la Corte Carlos Fernández Gadea.

Esta Corte que se está reformando causó mucho daño al sistema judicial y al país.

A esta altura hay tres exministros imputados (Bajac, Núñez y Blanco) y fue asociada a una Justicia maniobrable, al servicio de los poderosos, con un elevado índice de mora y desapegada de los magistrados que quieren honrar su trabajo.

El problema del Poder Judicial siempre estuvo en la cabeza porque los mensajes que enviaba a sus inferiores era el de sometimiento al poder político que los colocó en funciones.

No lo decimos nosotros, lo dijo el mismo Martínez Simón en una entrevista concedida a ABC el 26 de noviembre de 2017.

“Es lo que debe suceder. En la convención de la Asociación de Jueces del Paraguay que hicimos la semana pasada, con la participación de especialistas de otros países, enfocamos la pérdida de independencia del Poder Judicial. Resulta que para entrar como jueces o para que los jueces no sean removidos, los políticos juegan un papel determinante. El estamento político es un poco el filtro para entrar o para salir. Nosotros planteamos la exclusión de los políticos de los órganos de nombramiento y remoción de jueces, salvo para ministros de la Corte Suprema o fiscal general”.

Los órganos a los que aludió Martínez son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Es claro que el nombramiento de los ministros de Corte es político, pero eso no quiere decir que automáticamente los nombrados deben estar sometidos como se vio hasta hace poco.

Por eso es que cuando Payo Cubas lanza agua a Cale Galaverna, a pesar de ser un acto de violencia, la ciudadanía aplaude; ese gesto no solo alcanza a este senador, sino a todos sus colegas y a un desacreditado Poder Judicial.

Existe esperanza de que los tres nuevos ministros echen a andar la mentada reforma judicial para que desde la cabeza se brinde el ejemplo de lo que primará será el criterio jurídico y no el “político”.

Tercer ministro

Alberto Martínez Simón es el tercer ministro electo durante este gobierno. Los otros dos fueron Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Ramírez Candia.

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