Luis María Benítez Riera es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Ganó la pulseada a Antonio Fretes que igualmente quedó al frente de una sala importante como la Constitucional.
Benítez Riera aseguró que la elección fue una cuestión interna de la Corte, pero el fuerte lobby que hizo por él su antecesora Alicia Pucheta hace presumir con mucha razón que tuvo el apoyo del presidente de la República, Horacio Cartes.
La presidencia de Pucheta se caracterizó por la buena relación con el Ejecutivo.
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Cartes es antiguo amigo de Benítez Riera. A esto se suma que el flamante titular de la Corte llegó al máximo tribunal con el apoyo del entonces presidente Fernando Lugo.
Esta coincidencia se da en el momento en que Cartes y Lugo están unidos en busca de la reelección presidencial forzando la violación constitucional a través de la enmienda.
“Los tiempos actuales nos imponen la construcción de un nuevo modelo de justicia, razón por la cual debemos seguir trabajando para que el Poder Judicial se fortalezca como una institución eficiente y más comprometida con los valores humanos”, señaló Benítez Riera al asumir el cargo.
Asimismo, tocó un tema tan sensible como el del equilibro de poderes y la tan mentada independencia judicial.
“En el marco de la cooperación e interacción que establece la Constitución Nacional, la Corte Suprema se adhiere a los esfuerzos para consolidar un gobierno de poderes equilibrados, independientes y coordinados que aseguren a la ciudadanía una gestión con transparencia y vocación de servicio por el bienestar social de todos los paraguayos tal como lo refiere el acuerdo firmado en la Cumbre con los demás poderes del Estado en abril del 2016”.
Admitió que el camino es complicado. “Somos conscientes de que en el Poder Judicial queda mucho todavía por hacer, pero asumimos los desafíos con entusiasmo y sobre todo trabajando principalmente por los ejes en torno a los cuales se articulan las necesidades más transcendentales para atender las demandas ciudadanas, nos referimos a la gestión jurisdiccional que apunta al objetivo de la justicia, real, eficaz, ágil, un gobierno judicial que garantice la custodia de los derechos fundamentales y la gestión administrativa que apoye la incorporación de la tecnología y mejore la infraestructura a la vez de los profesionales y los recursos humanos y económicos”.
Siguió diciendo: “Lo que ustedes ven es que esta presidencia, conjuntamente con el Consejo de Administración y Superintendencia piensan seguir con los Ejes de Acción del año 2016-2020, “Acceso a la justicia”, “Transparencia”, “Control de los derechos humanos”, “Mejoramiento de la comunicación interna y externa”, “Fortalecimiento de la articulación intrainstitucional e interinstitucional con la sociedad civil”, “Fortalecimiento con la cooperación internacional ante los organismos y foros internacionales regionales y globales”, así también vuelvo a recalcar dentro de la gestión jurisdiccional y dentro de la administrativa mejorar todos estos servicios”.
Pero la primera prueba de fuego que va a tener la Corte es la acción de inconstitucionalidad presentada por ocho llanistas contra la resolución de la convención del PLRA que los obliga a votar contra la enmienda por ser violatoria a la Constitución Nacional.
Blas Llano, Fernando Silva Facetti, el imputado Enzo Cardozo, Zulma Gómez, Blanca Fonseca, Ramón Gómez Verlangieri, Blanca Lila Mignarro y Julio César “Yoyito” Franco forman parte de este grupo.
Claramente el objetivo de los llanistas es acompañar la intención de habilitar a Cartes y a Lugo, los más interesados en la reelección.
Otro que mostró interés en forma solapada es Nicanor Duarte Frutos.
En el escrito los llanistas señalan que la resolución de la convención del PLRA viola el artículo 291 de la Carta Magna.
Este artículo reza textualmente: “Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”.
La convención estableció sanciones para los parlamentarios del PLRA que no respeten lo resuelto. El punto central es que los parlamentarios que violen este mandato no puedan ser candidatos del PLRA en las elecciones de 2018.
De hecho, el sector llanista no habla de presentar candidato sino de aliarse con la candidatura de Fernando Lugo. Por ende para los próximos comicios en caso de que se apruebe la reelección, la prohibición será para los cargos en el gobierno y más bancas en el Parlamento.
Este será el primer punto que deberá resolver la Corte en lo referente a la enmienda.
Esto será en medio de una amenaza de juicio político que sigue vigente hace dos años por parte del Senado.
El pedido de juicio fue cajoneado pero es utilizado como un “cháke” por los sectores polarizados del Congreso.
Integran la Corte los colorados Benítez Riera, Fretes, Pucheta, Miryam Peña, José Torres Kirmser y César Garay Zuccolillo. Son tres los liberales que completan el pleno: Gladys Bareiro de Módica, Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco.
Artículo 201
La supuesta violación del artículo 201 de la Constitución Nacional debe ser estudiada por la Corte Suprema de Justicia. Este artículo habla de la prohibición del mandato imperativo. La convención liberal estableció sanciones.
Ocho senadores
Son ocho los senadores liberales llanistas que presentaron la acción de inconstitucionalidad que les permite votar por la enmienda, sin que puedan ser sancionados por el PLRA que por convención dispuso sanciones para los que violen la Constitución Nacional.
Nueve miembros
La Corte Suprema de Justicia tiene nueve integrantes. Las acciones de inconstitucionalidad son estudiadas por la sala correspondiente. Pero en los casos de mucha importancia acostumbran opinar los nueve miembros del máximo tribunal.
Caso del Indert está congelado
Otra de las situaciones que afronta la Corte Suprema de Justicia y que pone en riesgo su independencia es la relacionada los casos de políticos.
El último caso tiene que ver con el diputado liberal Milciades Duré, cuyo juicio está previsto para hoy, pero corre riesgo de nueva suspensión.
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza (presidente), Laura Ocampo y Jesús Riera había señalado el juicio oral para esta mañana.
Sin embargo hay una acción de inconstitucionalidad pendiente en la Corte, lo que hace presuponer que se suspenderá.
En noviembre del año pasado, los magistrados tuvieron que suspender el inicio del juzgamiento porque los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Miguel Óscar Bajac decidieron dar trámite a una acción que presentó el parlamentario en mayo del año pasado, seis meses antes del inicio del juicio.
En su presentación, el diputado objeta que la Cámara rechazó su apelación contra la disposición del juez Rubén Riquelme, que en la audiencia preliminar admitió a la fiscalía pruebas documentales proveídas por el Indert.
La posición de la justicia paraguaya es que la resolución de la audiencia preliminar y la elevación a juicio oral son inapelables.
Si bien en este caso se cuestionan las documentales, forman parte de un todo con relación a la resolución de la audiencia preliminar.
Sin embargo, la Corte no solo dio trámite a esta acción sino dilata una resolución, lo que favorece al legislador.
El parlamentario está procesado por la compra fraudulenta de 5.000 hectáreas de tierra de la firma San Agustín y el perjuicio de G. 48.000 millones. En aquel entonces era consejero del Indert.
También están acusados por lesión de confianza Luis Ortigoza, expresidente del Indert, y Justo César Gamarra, miembro del Consejo; además de los peritos del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Blanco y Mario Echeverría.
Los supuestos delitos indagados por la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción se registraron en el Indert durante el gobierno del presidente liberal Federico Franco.
Voto clave para que no se frustre la enmienda
La posición de Duré fue clave en el tema de la enmienda. Cuando se iba a tratar la enmienda en la Cámara de Diputados y se tornaba inminente el rechazo, el parlamentario, junto a su colega Fernando Nicora, votó por la postergación del tratamiento, con lo que dio oxígeno a los cartistas.
Duré también forma parte del bloque llanista del PLRA.
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