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El fiscal adjunto Federico Espinoza, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, dispuso que la fiscala Victoria Acuña investigue al fiscal Villalba.
Los indicios de los nuevos hechos punibles surgen de las documentaciones incautadas en la causa 119/2014, “Personas Innominadas s/Cohecho pasivo”, a cargo del fiscal René Fernández, en la cual el fiscal Villalba está imputado por supuesta coima.
Tras la denuncia de Mitjans, la fiscalía realizó tres operativos simultáneos: uno, el operativo encubierto; otro, el allanamiento a una playa de venta de autos, y el tercero, un cateo al despacho a cargo de Villalba, de donde fue incautado un bibliorato con la declaración jurada del representante del Ministerio Público.
Asimismo, en el procedimiento realizado por las fiscalas Acuña y Yolanda Portillo fue incautado un contrato privado de compraventa de fecha 12 de mayo de 2012 entre Néstor Ariel Palma, en carácter de vendedor, y Rubén Villalba, como comprador, de un vehículo de la marca BMW, por valor de 110.000 dólares.
Para la fiscalía adjunta, de las documentaciones incautadas, declaración de bienes y rentas y contratos de compraventa de vehículos, en los diversos allanamientos realizados, se podría haber incurrido en la violación de la ley 2523/2004 “que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, así como en lo establecido en el artículo 196, Capítulo V del Código Penal, Hechos punibles contra la restitución de bienes.
Un hecho que llamó la atención a los fiscales anticorrupción en este caso fue que Villalba en su declaración jurada manifestó contar con un patrimonio neto de G. 14.000 millones, de los cuales mil millones de la misma moneda los tiene depositados en certificado de ahorro y en efectivo, en tres bancos de nuestro país.
El fiscal adjunto Espinoza, además de ser el responsable de una División del Ministerio Público, es un representante directo del fiscal general del Estado.
En ese sentido, el titular del Ministerio Público dispuso que se suspenda por tres meses al fiscal Rubén Villalba. Además ordenó que la fiscala Alba Rocío Cantero interine las causas.
A su vez, dispuso que la oficina de auditoría de gestión se encargue de hacer una verificación de todas las carpetas fiscales que estuvieron a cargo de Rubén Villalba.
Paralelamente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados enjuició y suspendió a Villalba.
Sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia acepta la renuncia de Villalba, el Jurado perderá jurisdicción.
El Jurado además despojó de los fueros a Villalba y esto permitió que el juez Alcides Corbeta abra un proceso. El fiscal debe presentarse ante el juzgado el próximo viernes.