Desde que entró en vigencia la Ley Nº 5777 “De protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia”, el 28 de diciembre de 2016, luego de su promulgación por parte del Poder Legislativo, se pretendió en un principio poner freno a esa ola de violencia y asesinatos de mujeres que se registró ese año por parte de sus esposos, novios, amantes o exparejas, basado en las asimetrías de género. También se trató de promover y garantizar el derecho de ellas a una vida libre de violencia.
“El que matara a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias será castigado con la pena privativa de 10 a 30 años”, reza el artículo 50º de esa ley.
No obstante y a pesar de la rigidez de la legislación, los casos de feminicidios no disminuyeron o se erradicaron, sino que, al contrario, se incrementaron con el pasar de los años. En 2016, año de la promulgación de la ley, la cifra fue de 39 víctimas, pero en 2017 aumentó a 50 y en 2018 fue de 57 muertes. En lo que va del presente año y hasta el pasado martes el número de mujeres asesinadas por su pareja sentimental llegó a 16, lo que supone un asesinato por semana.
Otro dato vergonzoso: un informe de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) elaborado en 2017 reveló que Paraguay ocupa el segundo lugar en América del Sur, después de Bolivia, en la tasa de feminicidios, con 1,6 muertes por 100 mil mujeres. Es lamentable.
En conclusión, las estadísticas hablan por sí solas y, por ende, la actual legislación poco ha contribuido en tratar de frenar esa ola de violencia de género, que es atribuida por gran parte de la población a la mentalidad machista como así también a otros factores culturales.
Por eso es necesario ir más allá de lo que meramente cuentan las crónicas policiales. Profesionales en el área deben investigar el trasfondo y conocer los antecedentes que llevaron a cometer estos lamentables hechos. Porque, al final resulta que los casos de feminicidios son apenas “la punta del iceberg” de todo este complejo que abarca la violencia doméstica o intrafamiliar, cuyas denuncias se realizan constantemente, ya sea ante la Policía Nacional o el Ministerio Público.
También hay que sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad que representa este problema e involucrar a todas las instituciones posibles para generar conciencia y educar en el respeto a la integridad física de todas las personas, ya que después de todo, la violencia es violencia, independientemente de quien la ejerza.
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