Fiscalía quiere impedir impunidad de senador

El 2019 es un año en el que varios políticos deberán rendir cuentas ante la Justicia. Sin embargo, uno de ellos podría ser beneficiado con la prescripción, debido a las dilaciones que se tuvieron en el proceso.

A fin de evitar dicha situación los fiscales de la unidad Anticorrupción, René Fernández y Liliana Alcaraz, solicitaron a los jueces Elio Ovelar, Víctor Medina y Juan Carlos Zárate que el juicio oral y público al senador Víctor Bogado, Gabriela Quintana y Miguel Ángel Pérez se realice lo antes posible, debido a que corre serio peligro que prescriba uno de los delitos por los cuales fueron acusados.

Los magistrados habían fijado como fechas del juzgamiento los días 24 al 28 de junio del 2019. Como argumento, los fiscales mencionan: “los hechos son del 2013 y la pena por cobro indebido de honorarios es de dos años, por lo que el caso prescribiría en el 2019, estamos al límite de la prescripción y es lo que nos preocupa”, indicó el fiscal René Fernández. Por ello solicitan que apenas se retomen las actividades tras la feria judicial, se fije la fecha del juicio, dicho pedido será resuelto está semana por los jueces.

De lograr este beneficio el político colorado, el Ministerio Público sindicará como responsable de ello a la Corte Suprema de Justicia, que tardó dos años en desempolvar el caso y finalmente el pasado 2 de octubre se pudo realizar la audiencia preliminar. Al término de ella, la jueza penal de garantías Rosarito Montanía había resuelto elevar la causa a juicio oral y público.

En junio del 2014 los fiscales Luis Piñánez y Aldo Cantero habían acusado al senador Víctor Bogado y a su exdirector de gabinete Miguel Pérez, por estafa en calidad de autores y cómplices del cobro indebido de honorarios de la “niñera” Gabriela Quintana Venialgo 

La investigación fiscal se inició en marzo de 2013, cuando el entonces diputado Víctor Bogado, en su calidad de presidente de esa Cámara, envió una nota al entonces director paraguayo de Itaipú, Ing. Franklin Boccia (ya fallecido), en la cual solicitaba el comisionamiento de Gabriela Quintana Venialgo, en la Cámara Baja, hasta el 31 de diciembre.

Gracias a esa circunstancia la empleada particular supuestamente comenzó a cobrar dos sueldos del Estado: en Itaipú, donde fue nombrada a pedido de Bogado con un sueldo de G. 8.739.300; y en Diputados, donde percibía G. 6.618.700, como funcionaria permanente.

El 8 de marzo de 2013 tuvo entrada en Itaipú el documento que el entonces titular de Diputados, Víctor Bogado envió a Franklin Boccia, en el que solicitó el comisionamiento de Gabriela Quintana (entonces en la nómina de Itaipú), a la Cámara Baja.

El 4 de junio de 2013, el legislador envió otro documento al entonces director de la binacional, en el que le pide que Quintana siga prestando servicios en Diputados del 1 de agosto al 31 de diciembre de ese año.

Posteriormente, Gabriela Quintana admitió el cobro indebido de dos salarios y devolvió en una escribanía pública más de G. 71 millones percibidos irregularmente.

Primer intento de juicio 

En diciembre del 2014 el juez Julián López ya había resuelto la elevación a juicio oral y público del senador Víctor Bogado. Sin embargo, el legislador consiguió lo que ningún procesado logró hasta ese momento, anular la elevación a juicio oral. La Cámara de Apelaciones había anulado la elevación de la causa en marzo de 2015, con votos de Emiliano Rolón Fernández, Mirtha González de Caballero y Carlos Ortiz Barrios.

Los camaristas alegaron que el juez Julián López dispuso la elevación de la causa a juicio oral luego de 5 días de haber culminado la diligencia, cuando que debió hacerlo inmediatamente.

En la audiencia preliminar pasada, el legislador seguía sosteniendo que el caso de Gabriela Quintana se trataba de un error administrativo, que desembocó en varios otros. Comentó que Quintana no es niñera de su hija, que había sido invitada al cumpleaños, que ella es “amiga” de su hija mayor, y que él “no puede cortar ciertas amistades”.

Criticó duramente la investigación fiscal y dijo que todo el proceso se le “armó” por una fotografía que se publicó en un medio de comunicación sobre el cumpleaños de su hija, donde estaban invitados unos 20 funcionarios de la Cámara de Diputados, entre ellos Gabriela y que eso supuestamente fue utilizado por la Fiscalía para procesarle.

Por otro lado, había solicitado disculpas entre lágrimas al ex jefe de Gabinete de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pérez, y a Gabriela Quintana. “Pido perdón a ellos (...) no vale ni un día estar sentado en la banca de senadores para evitar el sufrimiento de estas dos personas. Con gusto regalaría mi banca. Dios quita y pone reyes, pero la banca es de Dios”, sentenció.

perla.silguero@abc.com.py