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Los camaristas Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Bibiana Benítez ratificaron la resolución dictada por el juez penal de garantías Humberto Otazú el 24 de setiembre pasado, tras concluir que la medida restrictiva de libertad es necesaria para garantizar el sometimiento de padre e hijo al proceso penal. Ambos están procesados por enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y declaración jurada falsa. Los informes de Seprelad, basados en datos de entidades bancarias, dan cuenta de que el clan liderado por el exparlamentario manejó hasta G. 8 billones (unos US$ 1.500 millones) que no tendrían una fuente lícita.