Hablan de pacto social para reforma profunda del Poder Judicial

Ante el anuncio de referentes políticos sobre posibles cambios de ministros de la Corte Suprema, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) hizo un llamado a la clase política a priorizar acciones tendientes a una reforma profunda del Poder Judicial, que no se limite al simple cambio de hombres y mujeres en sus cargos.

El CEJ propone temas prioritarios en la agenda pública para iniciar el debate de la reforma judicial en el país, sobre la base de un abordaje estratégico basado en la institucionalidad.

“La administración de justicia del país, necesita cambios profundos, urgentes y de largo aliento. Desde hace muchos años el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay viene hablando de la necesidad de una reforma estructural del Poder Judicial, que significa nada menos que la administración de justicia acompañe el crecimiento y desarrollo de una sociedad cambiante y dinámica. Hoy no necesitamos cambiar, simplemente por cambiar personas, necesitamos abrir el debate para discutir un espacio judicial nuevo, en donde la lucha por los derechos, la solución pacífica de los conflictos se haga de una manera transparente, abierta, razonablemente rápido y con un nuevo relacionamiento con la sociedad”, señaló María Victoria Rivas, directora del CEJ.

Agregó que “hoy es necesario dar un paso más profundo en pos del programa constitucional sobre el Poder Judicial, que permita sentar las bases de un marco institucional más eficaz en la preservación de la independencia judicial, que avance en la democratización interna del Poder Judicial, que lo dote de mejores instrumentos para cumplir con el servicio de administrar justicia”.

Rivas explicó que por otra parte, también han cambiado las condiciones de la etapa democrática y republicana que vive nuestro país. “El tiempo del esfuerzo por instalar las mínimas condiciones de la vida democrática y del juego más elemental de la República ha dado paso a mayores niveles de inclusión social y participación. Todo ello implica el esfuerzo por ingresar a una etapa de mayor apertura y discusión social de los temas que nos atañe; necesitamos discutir un plan de reforma estructural del Poder Judicial, debemos armar una hoja de ruta que permita incorporar al debate los grandes obstáculos para el acceso a justicia, discusión que debe abrirse a la sociedad civil. La reforma judicial no es un tema exclusivo de la clase política, es un tema que atañe a la ciudadanía en su conjunto y como tal debemos abordarlo. La agenda política debe complementarse con una agenda social, solo así tendrá legitimidad este proceso”, enfatizó.

Recordó que desde el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003) hasta el gobierno de Cartes (2014) han pasado once años y el debate sigue siendo el mismo; la ciudadanía sigue esperando una hoja de ruta en la pretendida reforma judicial.

Pacto social

El 18 de abril de 2012, el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ), el Colegio de Abogados del Paraguay y el Colegio de Escribanos del Paraguay, como organizaciones civiles del ámbito de la justicia, hicieron un llamado a realizar un “pacto social por la justicia”, tendiente a la ansiada reforma judicial en Paraguay.

A continuación, se transcribe el pronunciamiento: La crisis generada en el ámbito jurídico político –por una resolución del Senado que llama a vacancias en la Corte– ha puesto de manifiesto la necesidad de dar respuesta al clamor ciudadano de reforma judicial, que no se realiza con el simple cambio de hombres y mujeres en cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se ofrece sistemáticamente como respuesta desde el sector político.

El Poder Judicial del Paraguay adolece de problemas estructurales, y se requiere de un nuevo modelo que establezca bases institucionales, que hagan posible llevar adelante el programa constitucional sobre el Poder Judicial. Pero este nuevo modelo requiere de una coyuntura propicia para su desarrollo, por lo que el Centro de Estudios Judiciales y el Colegio de Abogados del Paraguay convocan a un gran acuerdo social por la justicia, para romper la inercia que le ha impedido evolucionar hacia la modernidad.

Este acuerdo social por la justicia requiere del concurso de los distintos sectores de la sociedad para llevar adelante los siguientes pasos:

-Elaborar un Plan Nacional de Reforma Integral de la administración de justicia que contenga una propuesta global y concertada de reforma del sistema judicial, al punto de poder plantear reformas legales y hasta constitucionales. Este Plan Nacional de Reforma Integral debe contener propuestas de corto, mediano y largo plazo sobre lineamientos de acción del Poder Judicial y Consejo de la Magistratura.

-Recoger y procesar las iniciativas ciudadanas conducentes al proceso de cambio necesario en el Poder Judicial.

-Conformar una comisión bicameral en el Congreso Nacional para analizar todas las reformas legislativas pendientes, a favor de una profunda reforma de la justicia: Código de Organización Judicial, Ley de Colegiatura obligatoria, Ley orgánica Notarial y Ley del Consejo de la Magistratura.

-Instar a los partidos políticos y organizaciones, sociales, gremios de abogados/as, sindicatos, y otros colectivos sociales a sumarse a esta gran propuesta nacional.