/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/VMW2CHQT45DDHENUJUKCI7UAI4.jpg)
Cargando...
Tras la acusación de la fiscalía en el 2016, el juez penal de Garantías, Alcides Corbeta, fijó para noviembre de ese año la audiencia preliminar para este caso, pero se dio la primera postergación. A esta se sumaron otras nueve más repartidas en dos años de proceso. Entre recusaciones, cambio de abogados y otros incidentes los dos principales procesados, Óscar Rubén Velázquez y Nancy Torreblanca, lograron ir estirando los plazos procesales para evitar enfrentar un eventual juicio oral y público.
Tras la tercera suspensión de la audiencia preliminar que se dio el 14 de junio de 2017, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se realizara una auditoría de reacción inmediata, debido a que pasó casi un año sin que se hiciera la audiencia preliminar.
Para eso se dispuso la remisión de los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial, a cargo de Mario Elizeche, pero nunca se supo de los resultados de esa auditoría y si hubo sanción.
La acusación
El Ministerio Público acusó a todos los procesados y se pidió que la causa sea elevada a juicio oral.
De acuerdo a la fiscalía los excontralores, Óscar Rubén Velázquez y Nancy Torreblanca, están acusados por lesión de confianza, inducción a un funcionario a cometer un hecho punible, en carácter de autores, y cobro indebido de honorarios, como cómplices.
La secretaría “VIP” Liz Paola Duarte y los otros once funcionarios están acusados por cobro indebido de honorarios en calidad de autores, dice el escrito fiscal.
Todos estos pagos por horas extras, por servicios que no se prestaban generó un perjuicio a las arcas del Estado de G. 1.121.319.953. Este monto se está tratando que se devuelva, pero como el proceso se encuentra hace dos años trabado, no se puede progresar.
Recusaciones
Nancy Torreblanca en dos ocasiones trató de apartar del caso al juez Alcides Corbeta con recusaciones, alegando imparcialidad del magistrado en el presente proceso, pero la Cámara de Apelación rechazó en ambas ocasiones los planteamientos y se confirmó a Corbeta al frente del proceso.
Luego, también en un intento por frenar la audiencia, la misma Torreblanca presentó al abogado Jorge Bogarín, para que lo defienda, pero el magistrado Corbeta, le canceló la personería jurídica al profesional del derecho por tener causales de inhibición con él.
Luego en una cuarta ocasión, el abogado de la misma Torreblanca no se presentó a la audiencia por lo que se volvió a postergar la diligencia. De esa manera ya se dilató por más de un año la audiencia.
Ya entramos en el año 2017, cuando se volvió a frustrar las convocatorias que hizo el juez Alcides Corbeta. Los cambios de abogados y las inasistencias marcaron el camino de este expediente.
La semana pasada por décima vez se volvió a suspender la audiencia preliminar. El abogado Rafael Ramírez, defensor de cuatro de los funcionarios procesados no estaba en el país y no se presentó a la diligencia.
Ahora el juez Alcides Corbeta llevó al 4 de julio la diligencia, lo más seguro es que algún incidente una vez más retrase el caso. Mientras que el juez Corbeta no aplique mano dura y sanciones a los chicaneros procesados, esta historia se volverá a repetir.
victor.franco@abc.com.py