Investigación de casos se ve limitada

El trabajo de investigación estuvo a cargo de la abogada Sonia Von Lepel y se basó en las denuncias de tipo penal realizadas por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), aportando al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y de esta forma contar con números tangibles.

–¿Fue una observación a la labor del Ministerio Público?

–Efectivamente, el trabajo de investigación se centró en analizar causas en etapa investigativa a cargo de las distintas unidades fiscales; son tres unidades fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos.

–¿Cuál fue la base de la investigación?

–Se analizaron 10 causas y la investigación partió de la base de que el Estado paraguayo no avanza en la sanción de la tortura como delito. Tenemos dos condenas de 720 causas ingresadas, es decir, la Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ministerio Público fue creada en el 2011 y hasta la fecha el Ministerio Público solo pudo obtener dos condenas.

–Es ínfima esa cifra.

– No hay que hacer ni un cálculo porcentual. Dos de 720, efectivamente partimos de allí el título “Impunidad”.

–¿Cuándo empezó esta investigación?

–Nosotros tenemos más o menos un plazo de un año de trabajo de investigación, de recolección de datos, de verificación de las carpetas y el análisis de la situación. En ese contexto, los principales hallazgos obedecen a que las carpetas fiscales, pese a no ser causas complejas, la mayoría están abiertas por mucho tiempo.

Tenemos causas que están abiertas tres o cuatro años, sin avance al siguiente estadio procesal, sin tampoco descartarse las denuncias y tampoco avanzar

–O sea, ¿están estancadas?

–Están estancadas. Eso también para las víctimas es estar con un proceso durante tres años, si no sabés si va a llegar a desestimar o va a llegar al siguiente estadio procesal. También es una carga emocional para las personas.

Incide también que las personas no acompañen los procesos de denuncias, porque la víctima tiene derecho de saber en qué estado procesal, qué diligencias se hicieron, qué más va a poder hacer, qué es lo que va a poder lograr con esta sanción. Entonces las personas se desmotivan.

–¿Qué se puede percibir en la labor fiscal, un desinterés, falta de voluntad o déficit?

–Yo parto de la base de que es una cuestión de déficit. No pueden alegar sobrecarga de trabajo por ejemplo porque son tres unidades fiscales y 720 causas divididas por 12 meses dan 35 causas por mes, y dividido en tres te da 10 causas por mes. Es decir, cada uno tiene 10 causas al mes, esto comparado con unidades penales que tienen cinco mil causas al año.

Yo creo que la cantidad de causas no podrían alegar desde el Ministerio Público que sería una limitante. Efectivamente hay una falta de política de Estado, porque es política, si vos no avanzás en la investigación, es una falta de política de Estado sancionar los delitos de tortura. Yo lo interpreto así. Es una cuestión interpretativa.

–Entonces, ¿no hay voluntad del Estado?

–Vos tenés unos elementos y mi interpretación es que no hay voluntad de parte del Estado para sancionar los delitos de tortura.

–¿Qué implican estos delitos?

–El Ministerio Público tiene varios tipos penales que puede investigar, el tipo penal de tortura, consiste en causar daño físico o psicológico y tiene que tratase de un funcionario del Estado con el objetivo de obtener información de dicha persona, o un tercero que actúa en nombre o representación o por instrucciones de esa persona para causar daño físico o psicológico.

Y el otro elemento inmediato que interviene es lesión en el ejercicio de las funciones públicas. Para configurar el tipo de lesión en el ejercicio de las funciones públicas necesitás que sea un funcionario público y que le cause una lesión a otra persona, no tiene un fin como en el caso de delito penal de tortura en donde tiene un fin, obtener información.

–Hay dos casos que involucra a la FTC.

–El caso uno ocurrió en el año 2013 donde en horas de la noche, hombres armados y vestidos con ropa camuflada, sin orden judicial, portando armas largas y una capucha, irrumpen en la casa del señor Ramón Denis Cardozo, quien estaba descansando ya en compañía de su familia y a punta de arma de fuego lo despiertan. De entrada llegan, violentan, lo tiran al suelo y le acusan al señor de supuesto miembro del EPP.

Esa es la dinámica, efectivamente lo que ellos quieren es que la persona reconozca, o empiezan a buscar elementos que los vinculen con eso. Empiezan a desordenar la casa, en el piso a toda la familia, incluidos niños y esposas, les piden su cédula y empiezan a coaccionarles, les acusan de proporcionar logística al EPP y que van a estar mucho tiempo en la cárcel.

–Es un operativo ya acostumbrado

–Sí. Hay varias denuncias y varias organizaciones fueron acompañando en ese sentido otras denuncias, hubo reuniones. Incluso la Comisión de Derechos Humanos tuvo intervención en este tipo de situaciones, también hay una acción de inconstitucionalidad que fue presentada en el marco, con el objetivo de derogar la designación de la Fuerza de Tarea Conjunta porque es una dinámica que se da en el interior. Esa información sale de los 10 casos, imagínate si tomamos las 720 causas, que la mayoría se dan en el interior del país. La fiscalía funciona en la capital del país y eso también dificulta.

–¿Entonces falta una descentralización?

–Es justo y necesario, así como el Estado prioriza el narcotráfico como persecución, el secuestro como persecución. El Ministerio Público también debería priorizar los derechos humanos y llevar las unidades especializadas a los departamentos del país.

–¿Qué se evidencia con esto?

–El trabajo se centró en visibilizar las deficiencias y que el Ministerio Público a partir de estas, pueda reconocer o ver cómo reencauzar los números que son muy elocuentes. No tenemos condenas elevadas. Las causas están en etapa investigativa, eso es suficiente para que el Ministerio Público vea cómo avanzar.

–¿Qué sería lo recomendable?

–Dotar de mayor presupuesto, hacer énfasis en la capacitación de funcionarios, dotar de suficientes materiales, vehículos y la descentralización.

Faltan elementos y cooperación

El fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Ricardo Merlo, señaló que tras la presentación de este trabajo se realizaron reuniones con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para capacitar a los funcionarios y generar condiciones propicias para llegar a concluir las investigaciones.

Así también, la delegada interina de la unidad fiscal, Liliana Zayas, manifestó que desde la especialidad están enfocados en castigar los delitos de tortura que se denuncian.

Agregó que el material (Impunidad) está siendo analizado en la institución, sin embargo, hay obstáculos con los que se encuentran en el marco de las investigaciones como la falta de elementos humanos, la no colaboración de algunas instituciones al momento de proporcionar datos referentes a ciertos hechos.

En otro momento Zayas indicó que en la unidad fiscal no solo se indagan hechos de tiempo real, sino también los que ocurrieron en el pasado, específicamente en tiempos de la dictadura stronista, por lo que llegar a otro estadio procesal cuesta, principalmente cuando las instituciones no brindan datos, pues las estrategias de investigación difieren dependiendo del tiempo.

ariel.espinoza@abc.com.py