Javier Díaz Verón sigue en Fiscalía General del Estado

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, seguirá al frente de la institución debido a que el Senado no da el acuerdo para que asuma en el cargo a Sandra Quiñónez, electa por el Ejecutivo. Su presente es turbulento ante denuncias de corrupción, negociados a grandes escalas de causas penales, bochornosos audios de agentes sobre tráfico de influencias y una parentela nombrada que le cuesta al Ministerio Público unos G. 1.500 millones anuales.

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Javier Díaz Verón seguirá al frente de la Fiscalía General del Estado hasta que los políticos se decidan a votar por aceptar o no a Sandra Quiñónez en el cargo, tras la elección del presidente de la República, Horacio Cartes.

Hoy vence el plazo legal para prestar el acuerdo por la elección (30 días hábiles) y en la última sesión la Cámara de Senadores quedó sin quorum, por lo que no se trató.

De acuerdo a los datos, algunos senadores consideraron que la continuidad de Javier Díaz Verón al frente del Ministerio Público por la figura de la reconducción tácita sería más negativa que dar el acuerdo a Quiñónez.

Sin embargo, esta postura no es mayoritaria por el momento y, por ese motivo, no se trató el acuerdo a la candidata de Cartes, debido a que se busca que pasen las elecciones internas.

Finalmente, Díaz Verón persistirá en el cargo y con mandato vencido desde el 23 de noviembre del año pasado.

El fiscal general integró la terna tras un montaje de supuesta trasparencia por parte del Consejo de la Magistratura con las fiscalas Quiñónez (de la Unidad Especializada de Anticorrupción) y Victoria Acuña (Unidad Especializada de Delitos Económicos).

Resultó electa por el Ejecutivo Sandra Quiñónez y necesita el acuerdo del Senado.

Si se rechaza su elección, hay distintos criterios sobre lo que podría acontecer.

Por un lado se argumenta que todo el proceso de selección de candidatos debe reiniciarse en el Consejo de la Magistratura, pero también existe el antecedente de que se incorpora un ternado más a los existentes (en este caso serían Díaz Verón y Acuña) y se envía al Ejecutivo para una nueva elección.

Con el cambio de reglas durante el proceso de selección ya habían llegado a la Corte Suprema de Justicia los ministros Gladys Bareiro de Módica y Luis María Benítez Riera, quienes integraron una misma terna para cubrir dos vacancias (la de los ministros José Altamirano y Wildo Rienzi). 

En el caso de la vacancia de Rienzi, inclusive, se dejó de lado la terna conformada por el Consejo con Agustín Lovera Cañete, Irma Alfonso de Bogarín y Emiliano Rolón Fernández. El primero fue votado en el Senado pero no tuvo el acuerdo de Fernando Lugo, en su momento.

De esta forma, Díaz Verón todavía tiene chances no solo de seguir por reconducción tácita, sino de volver a ser electo en su terna. 

El fiscal general del Estado enfrenta escandalosos hechos que van desde las designaciones de su parentela en el Ministerio Público, hasta corrupción de agentes inferiores y tráficos de influencias, que lo salpican.

Tras escándalo, cambios en anticorrupción

Un audio de Raúl Fernández Lippmann, secretario del senador cartista y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher, con la fiscala Nadine Portillo, desencadenó cambios en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, decidió reasignar a la fiscala de Luque Natalia Fúster a la Unidad de Ígor Cáceres, mientras que Leonardi Guerrero, de la Unidad Penal Ordinaria, reemplaza a Nadine Portillo.

Todo fue por el audio donde con total desfachatez Fernández Lippmann habla sobre la forma de alargar procesos para desplumar a empresarios.

El secretario de González Daher se comunicó con Nadine Portillo y hablaron sobre una denuncia por una disputa de tierras de la Secta Moon en el Chaco. Si bien a la agente no se la escucha, existe la presunción de que estaba interesada en la causa.

El caso era investigado desde hacía dos años y medio por el fiscal José dos Santos, quien no imputaba a Preston Moon, por lo que no era del “agrado”.

“¿De qué sirve que nosotros terminemos en seis meses este tema? Nosotros lo que necesitamos es que esto se vaya a cinco, seis años ha rokaru (y comemos). Yo te digo bien cómo son las cosas. ¿Para qué te voy a mentir? Yo no quiero... Yo te voy a decir una cosa. Yo le dije a Federico: ‘Disculpame, sacamos de ahí porque está lento, queremos llevar a lo de Ígor (Cáceres) porque ahí tenemos esperanzas de que él impute...”, se le escucha decir sin empacho al secretario de González Daher.

Finalmente, Dos Santos fue recusado y el fiscal adjunto de UDEA, Federico Espinoza (mencionado también en el audio), nombró como interino suyo a Ígor Cáceres, que era el agente que era pretendido por Fernández. Cáceres, en menos de un mes, imputó a Preston Moon y a otras nueve personas por tentativa de estafa y producción de documentos no auténticos.

González Daher, intocable

El senador cartista y titular del Jurado Óscar González Daher está intocable pese a que su secretario Raúl Fernández está involucrado en los descarados tráficos de influencias y en varios pasajes de las conversaciones lo nombra.

El político le tira el fardo solo a él y niega estar metido en los manejos oscuros. La semana pasada se intentó suspenderlo en sus funciones, pero la Cámara de Senadores rechazó en dos ocasiones dejarlo sin la titularidad en el JEM.

Caso del barrabrava amigo termina en una suspensión

La fiscala Karina Giménez resultó suspendida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Su caso fue el que inició la serie de audios de negociados en el JEM.

La agente de Fernando de la Mora llevaba adelante un proceso que salpicaba al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. El caso del barra brava de Olimpia, Fernando Rubén Ayala Barrios, de 24 años, tiene todas las características de una maniobra en las altas esferas.

El mismo fue imputado en un primer momento por robo agravado y perturbación de la paz pública. El procesado es amigo y compañero de facultad de la carrera de Zootecnia en la Universidad San Carlos de Alejandro Díaz Morínigo, hijo del fiscal general.

Los dos viajaron a Costa Rica el 24 de enero de este año porque fueron becados por la universidad privada. Ayala Barrios, de hecho, cayó preso cuando regresó de ese viaje, en el aeropuerto.

El hincha fue imputado por la fiscala Casse Giménez, cuyo asistente Fermín Bogado resultó ser hermano de la víctima del robo agravado. Cuando Casse tuvo permiso por enfermedad, Karina Giménez ordenó que se levante su orden de detención sin saber que estaba imputado. 

Ante esta situación, la agente rectificó la imputación y excluyó robo agravado porque dice que no se comprobó la sustracción de un teléfono celular. Actualmente, el caso es llevado por la fiscala Sandra Fariña y existe un pedido de sobreseimiento provisional. Ayala está prófugo por otra causa, ya que hizo disparos en el incidentado partido de Olimpia en Pedro Juan Caballero.

Este proceso en el Jurado fue el que hizo que la agente se comunicara con Raúl Fernández Lippmann, secretario de Óscar González Daher, e intentara zafar de su enjuiciamiento, inclusive, dando como “moneda de cambio” otra denuncia por invasión de inmueble, que fue presentada por Ramón González Daher, hermano del parlamentario. Dijo que iba a “trancar” el caso donde se pretende arrebatar el predio del club Deportivo Estanzuela de Fernando de la Mora, valuado en US$ 2 millones.

Nombrado por testigo junto a Cartes, en juicio por FIFAGate

El fiscal general del Estado Javier Díaz Verón fue nombrado junto al presidente de la República, Horacio Cartes, en el juicio contra Juan Ángel Napout, extitular de la Conmebol, en los EE.UU. por el caso FIFAGate.

De acuerdo a las informaciones, el testigo clave del Gobierno norteamericano el argentino Alejandro Burzaco mencionó a Cartes, Díaz Verón y un presunto “juicio arreglado”.

El testigo es el principal accionista y CEO de la empresa “Torneos y Competencias” y reconoció que pagó coimas y sobornos que complican a los exdirigentes de la FIFA.

El juzgamiento se realiza en la Corte Federal de Nueva York (EE.UU.) y además de Napout (por Paraguay), están siendo juzgados José María Marín (Brasil) y Manuel Burga (Perú) por el megaescándalo de FIFA.

La declaración de Burzaco se dio en el tercer día y resultó ser la más incidentada, según el relato del reportero de BuzzFeed News, Ken Besinger. Inclusive, indicó que Burga amenazó al testigo y que Napout lo miraba de forma intimidatoria.

Esto sucedió porque Burzaco hizo nuevas revelaciones que tenían que ver con unos mensajes de WhatsApp que Napout le había enviado en el 2014.

En dichos mensajes el extitular de la Conmebol pidió a Burzaco que consiga entradas para el Mundial 2014 para Horacio Cartes, presidente de Paraguay. “Recién estaba hablando con Cartes y arregló él todo el juicio y lo hizo por mí”, escribió Napout en un mensaje de Whatsapp –a Burzaco– el 20 de junio de 2014, según los datos.

Asimismo, consignó que Napout también pidió entradas para el fiscal general del Estado (en ese momento Javier Díaz Verón), quien quería 4 (cuatro). “Tenemos un juicio allá”, Napout escribió a Burzaco por WhatsApp el 1 de julio de 2014. “Ya dos jueces se calentaron por que les negué (entradas)”, se dio a conocer en el juicio.

Lo que no se especificó es a qué juicio se refería Napout al indicar que ya estaba todo arreglado por el Mandatario, ocasión en la que menciona además al fiscal general, hecho que supondría un tráfico de influencias.

Tráfico de agentes

Al menos dos audios filtrados de agentes fiscales demuestran el tráfico de influencias y el apriete que se realizan en las causas penales. Uno particularmente involucró a Javier Díaz Verón porque el compañero de facultad de uno de sus hijos, un barra brava de Olimpia, fue beneficiado en un caso de robo agravado. Esto dio inicio a las escandalosas conversaciones telefónicas del secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann y la fiscala Karina Giménez (hoy suspendida).

Parentela nombrada 

Una investigación de ABC Color reveló que los cargos repartidos por Javier Díaz Verón, entre parientes, vecinos, amigos, empleados, exdomésticas y excriadas de la familia que aparecieron hasta el momento, significan una erogación de G. 1.500 millones por año para el Ministerio Público. Ascienden a 30 los privilegiados, encabezados por la parentela de la esposa del fiscal, María Selva Morínigo, que ingresaron sin concurso en la institución. Además, tiene supuestos asesores “fantasmas”.

griselda@abc.com.py

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