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Hasta el momento, los casos de corrupción se vienen encarando a pesar de que existan acciones pendientes en la Corte. Uno de ellos es el de la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional, Gladys Cardozo.
Sin embargo, los jueces Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Juan Pablo Mendoza resolvieron dividir el juicio de San Agustín.
Por ende, los primeros en ser juzgados serán Luis Ortigoza, extitular del Indert, y los peritos tasadores del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Blanco y Mario Echeverría.
En contrapartida, momentáneamente son excluidos los exconsejeros del Indert, Duré y Gamarra. La decisión de los jueces obedece a que existen dos acciones de inconstitucionalidad pendientes en la Corte Suprema desde el año 2016.
Los abogados Álvaro Arias y José Fernández Zacur, representantes de Ortigoza y los peritos, respectivamente, apelaron la decisión. Fundamentaron que el Código Procesal Penal dispone que deben concurrir todas las partes para el juicio oral y que existe incoherencia del colegiado por querer juzgar, primero, a los acusados en calidad de cómplices.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia y René Fernández también pidieron la unificación del juicio.
En la etapa preliminar, algunos jueces son del criterio, de realizar la audiencia con relación a los que tienen pedido de sobreseimiento y en otra ocasión con relación a los que tienen acusación.
El entonces diputado Duré había planteado una acción de inconstitucionalidad contra la elevación a juicio del caso.
El 8 de noviembre pasado, la Sala Constitucional decidió llamativamente dar trámite a la inconstitucionalidad que el legislador había promovido seis meses antes. Los miembros de la máxima instancia solicitaron a la vista el expediente principal y con ello evitaron el inicio del juicio.
El caso está por cumplir seis años, se ha suspendido cuatro veces el inicio del juicio oral y público, sin contar los recursos dilatorios que se han planteado a lo largo del proceso.
La acusación del Ministerio Público habla del supuesto negociado con tierras del Indert, cuando se compraron alrededor de 5.000 hectáreas en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al entonces senador Jorge Oviedo Matto. Dicha compra se dio en el año 2013, durante el gobierno d Federico Franco y se pagaron G. 48 mil millones.
Según la investigación, dichas tierras eran inservibles para los fines de la reforma agraria. Un estudio de suelo había revelado que apenas el 3,6 por ciento (208 hectáreas) de las 5.708 hectáreas que el Indert adquirió de la empresa San Agustín son aptas naturalmente para la agricultura familiar o tradicional. El 45% sirve para la agricultura marginal, que requiere muchísima inversión tecnológica.
En el caso del también parlasuriano liberal Enzo Cardozo se da un hecho similar, debido a que existen recursos en la Corte que impiden que se realice la audiencia preliminar para el mismo. Sin embargo, otros procesados en la causa fueron condenados en diciembre del 2017. Silvio Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), fueron condenados a 11, 9, 9 y 7 años de cárcel. Los mismos habían sido imputados junto con los exministros Enzo Cardozo, Rody Godoy por el supuesto desvío de G. 68.265.418.419 del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Nuevo caso de supuesta coima
En un procedimiento de entrega vigilada el fiscal Miguel Vera supuestamente recibió una coima de G. 10 millones solicitada a un hombre denunciado por violencia familiar, por lo que fue imputado por cohecho pasivo agravado.
Los fiscales anticorrupción Rodrigo Estigarribia y Luis Piñánez realizaron el operativo encubierto en el que detuvieron a su colega en flagrancia. Según refirieron, un hombre denunció que el agente fiscal de Luque le solicitó quince millones de guaraníes a cambio de no imputarlo por violencia familiar. Supuestamente el fiscal Vera negoció en persona con el denunciado. En las primeras conversaciones, el agente fiscal hizo alusión a que se necesitaba dinero para “fotocopias”, pero luego pidió el monto de G. 15 millones para no presentar la imputación por violencia familiar. Vera quedó arrestado en su casa hasta que el Jurado de Enjuiciamiento le despoje de sus fueros.
La Fiscalía General suspendió a Miguel Vera y ordenó un sumario. Se aguarda que el Jurado de Enjuiciamiento le quite sus fueros para que pueda la jueza de Luque, Jennifer Insfrán, admitir la imputación, procesarlo y convocar para la audiencia de imposición de medidas.
Fiscalía pide seis años de cárcel
La fiscala Victoria Acuña solicitó en sus alegatos finales la pena de seis años de prisión para el excontralor Rubén Velázquez y la exsubcontralora Nancy Torreblanca, acusados por lesión de confianza, inducción a un funcionario a cometer un hecho punible, en carácter de autores, y cobro indebido de honorarios, en carácter de cómplices.
Mientras que para los exdirectores, Roberto García, Luisa Almada y Celia Cardozo requirió tres años de prisión. Para los funcionarios acusados por cobro indebido de honorarios, Liz Paola Duarte (Secretaria Vip) Reinaldo Gadea, Horacio Coelho de Souza, Alicia Acevedo, Richard López, Leonardo Núñez, Pedro Jara, Hugo Medina y Ana María Monges, pidió la pena privativa de libertad de dos años.
Acuña sostuvo en sus alegatos que Rubén Velázquez, en su función de contralor, y Nancy Torreblanca como subcontralora hicieron posible los pagos de salarios y horas extras a favor de los funcionarios, a pesar de que no prestaban servicios a la institución y que no eran técnicos; en su mayoría eran estudiantes, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial a la CGR de G. 1.528.006.129.
El juicio oral continúa mañana con los alegatos de la defensa del excontralor.
perla.silguero@abc.com.py