Mañana vence plazo para acusar por homicidio

En el escrito fiscal se deben consignar las circunstancias del ingreso sin orden judicial al local partidario, por lo que es de suma importancia la posición que tomarán las fiscalas Rojas y González con respecto al ataque. 

En la imputación de hace un año, la anterior fiscala, Raquel Fernández –separada del caso y actualmente suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados–, sustentó que los policías ingresaron a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) porque seguían a una turba de manifestantes que causaron incidentes frente al diario ABC Color.

Sin embargo, la querella adhesiva presentada por los padres de Rodrigo siempre se opuso a esta versión porque los propios videos de circuito cerrado de la zona destruyen al argumento. En una de las grabaciones inclusive se ve que segundos antes del ataque un camión bajaba hielo y había activistas liberales frente al local, que entran raudamente ante el avance de los uniformados.

El Ministerio Público también debe presentar en su requerimiento el resultado de la pericia de los cruces de llamadas de 21 teléfonos celulares, entre los que aparece el del presidente de la República, Horacio Cartes, y gente de su entorno, entre ellos, el empresario tabacalero José Ortiz y el abogado de Yacyretá Luis Canillas.

El cruce de llamadas del teléfono del entonces comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo, reveló que tanto Cartes como Ortiz y Canillas realizaban las llamadas desde Mburuvicha Róga, entre el 31 de marzo y 1 de abril.

Asimismo, apareció que Ortiz se comunicó en 16 ocasiones con el entonces comandante policial, mientras que Canillas habló con él 24 veces durante los disturbios generados y el homicidio de Rodrigo Quintana.

Fue la Cámara de Apelaciones la que ordenó que se realice la pericia del cruce de llamadas, ante la negativa de la exfiscala Fernández.

El abogado Guillermo Duarte, representante de los padres de Rodrigo, pide que se llegue a la persona que ordenó el ataque ilegal al PLRA.

Paredes Palma y Amarilla 

Con relación al comisario Tomás Paredes Palma, exsubjefe de Investigación de Delitos de la Policía, y al oficial inspector Guido Armando Amarilla Vera, imputados por el atropello violento al PLRA, el Ministerio Público tiene plazo hasta el 11 de abril para presentar requerimiento conclusivo.

Paredes Palma está imputado por inducción a un subordinado a cometer hecho punible, mientras que Amarilla, que es escopetero de la Agrupación Especializada, por tentativa de homicidio doloso.

Para ambos, la fiscala Lorena Ledesma pidió prisión preventiva, pero gracias a las chicanas nunca tuvieron audiencias de medidas.

Surge otra versión sobre ingreso

Los medios de comunicación del presidente de la República, Horacio Cartes, se hicieron “eco” de una declaración que pretende cambiar el rumbo del caso Rodrigo Quintana en lo que hace relación al ingreso sin orden judicial a la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril del año pasado.

De esta forma, el oficial 2º de la Policía Néstor Fabián Cantero Russo instauró otra teoría pocos días antes de que venza el plazo de requerimiento conclusivo del Ministerio Público.

El uniformado declaró que el atraco al PLRA se produjo porque sus camaradas le vieron con el rostro ensangrentado y caído en la carrocería de una patrullera, y que debido a ello entraron a buscar a su agresor.

“La conclusión desde mi punto de vista y como ciudadano es que la policía como función tenía que buscar al que me hizo esto. Eso llevó a que se ingrese de esa manera al local del PLRA”, señaló Cantero Russo.

Dijo que no había orden de ingreso, algo que se contrapone con lo declarado por el propio Gustavo Florentín (imputado por el homicidio de Rodrigo), quien aseguró que el Crio. Amado Cantero, entonces jefe de la comisaría 3ª, dio la orden verbal de ingreso. El alto jefe policial fue premiado con un cargo superior en Alto Paraná.

Para la abogada Selva Rodríguez, defensora de Florentín, Cantero Russo no pudo saber si hubo o no orden porque fue llevado antes del lugar tras ser auxiliado.

Estaba con un arresto, pero le ordenaron salir

El suboficial ayudante Gustavo Florentín nunca debió abandonar la sede de la Comandancia de la Policía Nacional, donde cumplía un arresto por un caso de violencia familiar.

La primera versión del Gobierno fue que se “escapó” con una escopeta y salió a hacer trabajos antidisturbios.

Videos y fotografías de medios de comunicación dejaron en ridículo al Ministerio del Interior.

Florentín no solo estuvo desde temprano ese día (31M) realizando trabajos frente al Congreso Nacional, sino días previos hizo patrullajes por el centro y participó del colocado de vallas frente a la sede legislativa, según declaró en sede de la Fiscalía.

El citado único policía que soporta proceso por el homicidio del joven dirigente liberal de La Colmena Rodrigo Quintana (26 años) relató que, como “castigo”, ni siquiera le daban día libre por disposición del Crio. Julio César Melgarejo, por lo que trabajaba todo el tiempo en que cumplía el arresto domiciliario en la sede policial. 

Florentín precisó que entre el 29 y 30 de marzo estuvo realizando patrullas con el oficial primero Óscar Daniel Ortiz, jefe de Compañía del Pelotón Antidisturbio de la Agrupación de Seguridad, y con el propio Crio. Melgarejo. Dijo que participó poniendo las vallas frente al Congreso Nacional.

Expresó que el 31 de marzo recibió la orden superior de realizar trabajos como antidisturbio frente al Congreso, desde las 16:00.

El suboficial también contó que hubo una orden de “abandonar” el edificio e indicó que partió de los propios comisarios Prudencio Burgos y Enrique Isasi. También refirió que Isasi les reabasteció de municiones más tarde, ese día, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y que pese a todos estos indicios, ningún jefe policial fue incluido aún en el proceso judicial.

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