Hasta hoy, y a más de cuatro meses del atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ningún jefe policial está imputado por dar la orden de ingreso violento y ahora saltan las llamadas del presidente Horacio Cartes y su entorno, lo que genera más incógnitas.
Una pericia realizada por la querella adhesiva presentada por los padres de Rodrigo Quintana y agregada a la carpeta fiscal como prueba, parece reforzar los dichos del titular liberal, Efraín Alegre, quien desde un primer momento afirmó que el empresario tabacalero José Ortiz, del Grupo Cartes, dio la orden de ingreso a la sede partidaria, tras los actos violentos que sucedieron cuando un Senado paralelo aprobó de forma irregular la enmienda constitucional para la reelección presidencial, el 31 de marzo de este año.
El cruce de llamadas muestra que Ortiz se comunicó en 16 ocasiones con el entonces jefe de Policía, Crio. Críspulo Sotelo, en la noche del 31 de marzo pasado, poco antes del asesinato de Quintana.
Alegre desde un primer momento dijo que el gerente de Tabesa y hombre de confianza de Cartes ordenó el atropello a la sede del Directorio liberal, que terminó con la muerte del joven dirigente liberal de La Colmena.
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Además, el político opositor acusó al Ministerio Público de hacer un trabajo de ocultamiento de la verdad y de protección al Gobierno.
Pericia
La pericia del cruce de llamadas entrantes y salientes del entonces comandante de Policía, Críspulo Sotelo, quedó evidenciado que varios políticos se comunicaron con él entre el 31 de marzo y 1 de abril (ver infografía). El presidente Horacio Cartes tuvo 10 comunicaciones; la última fue 15 minutos antes del atraco a la sede del PLRA, que fue a las 00:22.
Además, con Sotelo se comunicaron los colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego, y los liberales Enzo Cardozo, Fernando Silva Facetti y Basilisa Vázquez.
Sin embargo, las comunicaciones más insistentes no fueron las de políticos, sino del empresario tabacalero José Ortiz, con 16 comunicaciones, y del abogado de la EBY Luis Canillas, quien habló con el jefe policial 24 veces.
De esta manera, quedó en evidencia que Ortiz se comunicaba con el entonces comandante más que el propio presidente de la República, Horacio Cartes.
Ante esta llamativa situación, el Gobierno intentó la excusa de que Ortiz es “ministro asesor” de Cartes, pero como nunca existe un decreto de nombramiento, finalmente adujeron que es “asesor ad honoren”.
No se ordenó trabajo técnico
De manera sugestiva, el Ministerio Público nunca ordenó la pericia del cruce de llamadas entrantes y salientes de Críspulo Sotelo entre el 31 de marzo y 1 de abril.
Sin embargo, sí decidió discriminar los números telefónicos de los efectivos policiales y realizó ese trabajo técnico que inclusive llegó al celular de Gustavo Florentín, suboficial de la Agrupación de Seguridad, único imputado por el asesinato de Rodrigo Quintana.
Ante la revelación de la pericia de la querella adhesiva y las sospechas hacia el entorno cartista, el fiscal interino Hernán Galeano ordenó al Laboratorio Forense del Ministerio Público, la semana pasada, la pericia completa del cruce de llamadas de Críspulo Sotelo.
Galeano interviene ante las recusaciones de sus colegas Yolanda Portillo y Aldo Cantero, designados a su vez por la recusación contra la fiscala original de la causa, Raquel Fernández.
El representante fiscal explicó que la pericia que ratifica las llamadas entre referentes cartistas y Críspulo Sotelo momentos antes del atraco fue realizada de manera particular y que, si bien es una prueba, él necesita un trabajo técnico de la Fiscalía para ordenar las diligencias.
El agente también había confirmado que en la carpeta fiscal no consta una pericia técnica similar a la arrimada por el abogado querellante Guillermo Duarte Cacavelos.
Sin embargo, Galeano dijo que consta el retiro de documentos de extractos telefónicos de la empresa de telefonía celular Tigo por parte de expertos del Laboratorio Forense, los mismos que fueron utilizados por la querella adhesiva para el cruce de llamadas que se reveló recientemente.
El agente analiza el pedido de la querella de pedir extractos telefónicos de los referentes cartistas y citaciones a declaraciones testificales.
Las llamadas a Críspulo Sotelo
Según registros de llamadas, minutos inmediatamente anteriores al atraco a la sede del PLRA se confirmó que el entonces comandante de la Policía Nacional habló con el abogado Luis Canillas, asesor jurídico de Yacyretá, y con José Ortiz, gerente de la tabacalera de Cartes, para luego establecer contacto a las 00:07:15 con el presidente de la República, Horacio Cartes. A las 00:22 de esa madrugada, casi 15 minutos después de esa comunicación, un pelotón policial atracó el Directorio del PLRA. Antes de estas comunicaciones claves, hubo intercambio de llamadas de Lilian Samaniego, Juan Darío Monges y Enzo Cardozo con el entonces comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo.
Por asesinato, solo un policía
Por el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, solo está imputado y preso el suboficial Gustavo Florentín, quien supuestamente realizó el disparo de escopeta con balines de plomo, que impactaron en la espalda a la víctima. Ningún jefe policial está procesado por dar la orden del atraco violento a la sede del PLRA, ubicada en las calles Iturbe y Manuel Domínguez, a las 00:22 del 1 de abril de este año. Supuestamente, la Fiscalía maneja la hipótesis de que el ingreso fue en seguimiento a una turba de manifestantes que ocasionaron destrozos en el local de ABC Color minutos antes del ataque al local partidario. Otros policías, entre ellos el comisario Tomás Paredes Palma, entonces jefe de Investigación de Delitos, fueron imputados por el ingreso violento y tentativa de homicidio.
Critican desglose de casos
El abogado de la querella adhesiva, Guillermo Duarte Cacavelos, criticó duramente la disposición de Fiscalía General del Estado de desglosar todas las causas derivadas del atraco a la sede del PLRA, porque considera que es justamente para intentar ocultar lo que sucedió.
El proceso por la muerte de Rodrigo Quintana, donde está imputado el suboficial Gustavo Florentín, se quedó de forma interina con el fiscal Hernán Galeano.
Por otra parte, se abrieron causas para el comisario Tomás Paredes Palma y el oficial Guido Amarilla por el ataque en el sanitario del sector del estacionamiento del PLRA.
Una tercera carpeta se abrió para el suboficial Arnaldo Andrés Báez, quien ingresó con Florentín al PLRA, pero está imputado por coacción. Las dos últimas están con el fiscal Aldo Cantero.
Estas tres causas tienen números diferentes, pero aparecen en el mismo juzgado original del caso de homicidio del dirigente liberal, que es Juzgado Penal de Garantías Nº 10, interinado por Humberto Otazú.
Esto, según Duarte Cacavelos se realizó para entorpecer la investigación, debido a que de un solo ingreso derivaron los casos.
“Desde cuándo se ha visto que un proceso se divida por imputado”, exclamó el letrado, alegando que esto dificulta enormemente la tarea de los abogados a la hora de seguir la causa original.
El letrado dijo que analiza plantear la nulidad de la disposición administrativa ordenada por Javier Díaz Verón de manera irregular. “La acumulación o separación de causas es una atribución exclusiva del juez penal de garantías”, acotó Duarte Cacavelos.
Teme que informes se “esfumen”
El abogado Guillermo Duarte pidió al fiscal Hernán Galeano que intime a las empresas de telefonías de celular para que remitan los extractos de llamadas de referentes cartistas, para que se hagan los cruces de llamadas que pueden determinar quien ordenó el ingreso al local del PLRA. “Son informes que están obligadas las empresas a guardar por seis meses y estamos a cuatro meses del hecho, por lo que se pueden perder. Veremos si la Fiscalía tiene la intención de llegar a la verdad real de lo ocurrido entre el 31 de marzo y 1 de abril”, enfatizó.