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El incidente tuvo lugar a las 04:56 de esa madrugada en la calle 24ª Proyectadas y Capitán Figari del barrio Roberto L. Petit de Asunción, hasta donde fue perseguido e interceptado el joven Richar Ramón Pereira Ramírez (25), quien llegaba a su casa a bordo de un automóvil Peugeot sin chapa.
La versión policial daba cuenta que el joven pasó de largo una barrera policial conformada por agentes de la comisaría 4° metropolitana y que una patrullera en su persecución. El parte policial añadió también que cuando le dieron alcance Pereira disparó contra el móvil, tripulada por el jefe de la citada repartición, comisario principal Jorge Ignacio Zárate Barreti, y el suboficial 1º Jhonie Osvaldo Orihuela Sánchez.
Sin embargo, la difusión del vídeo filmado por una cámara de seguridad instalada cerca de la mencionada dirección y divulgada días después no solo desmintió esa versión de los uniformados sino que confirmó que Pereira Ramírez estaba desarmado y que recibió el balazo cuando estaba ya rendido frente a los agentes. Estos llegaron a apretar al joven y le ordenaron que se tirara al suelo. Pero cuando el reducido estaba arrodillado frente a los uniformados, el suboficial Orihuela le disparó a quemarropa o se le escapó el tiro.
El proyectil ingresó por la nuca del joven y se alojó en la columna. Como la bala es muy gruesa, prácticamente destrozó todos los nervios de Richar Ramón Pereira.
Las imágenes enseñan incluso el momento en que el joven herido es alzado a la carrocería de la patrullera y auxiliado por los efectivos para ser trasladado al Hospital de Barrio Obrero.
Intento de “plantar” la evidencia
A raíz de la herida de bala que acusó en la nuca, Richar Ramón Pereira Ramírez quedó parapléjico de por vida. Sus familiares, por su parte, denunciaron que los camaradas de los dos policías implicados intentaron hacer disparar al joven el revólver calibre 22 que fue presentado como evidencia. Sin embargo, la víctima cerró fuertemente el puño y evitó que los agentes lograran su propósito.
El 19 de febrero de 2017 la fiscala Pamela Pérez Trinidad presentó acusación y requirió que se eleve a juicio oral y público la causa contra los dos efectivos policiales de la comisaría 4ª metropolitana implicados en el incidente.
La acusación fiscal presentada ante el Juzgado Penal de Garantías fue dirigida contra el suboficial Orihuela por los hechos punibles de tentativa de homicidio y lesión grave en carácter de autor; y como coautor, por los ilícitos de persecución de inocentes y simulación de hecho punible.
En el mismo orden, el comisario principal Zárate Barreto, quien fue destituido de su cargo de jefe de la comisaría 4ª metropolitana a raíz del incidente fue acusado en carácter de coautor de la comisión de los hechos punibles de persecución de inocentes y simulación de hecho punible, además de denuncia falsa y frustración de la persecución y ejecución penal.
Dilación y fijación de fecha del juicio
A partir de entonces, comenzaron una serie de “chicanerías” judiciales que buscaron dilatar el juicio oral .
El 4 de junio de este año, Zárate Barreto recusó al Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Fabián Weisensee, Juan Pablo Mendoza y Laura Ocampo , argumentando que perdió confianza en los magistrados por haber preopinado sobre el fondo de la cuestión, pero la Cámara de Apelaciones rechazó la pretensión.
El Tribunal finalmente fijó la fecha del juicio oral para el 24 de abril de 2019 tras aplazar juzgamiento por la recusación de Zárate.