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La Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía es la encargada de hacer el trabajo sucio, como se dio en el caso conocido como “superviaducto”, que fue una denuncia presentada en junio de 2017, por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal y donde estaba como principal sindicado el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. La causa le fue enviada al fiscal Nelson Ruiz, quien con un poco más de un mes del caso en su poder ya desestimó la causa. El juez Gustavo Amarilla le dio trámite de oposición al pedido fiscal y fue a Fiscalía General, donde se ratificó el pedido de Ruiz.
También un grosero caso de blanqueo es el que se dio con el exdiputado José María Ibáñez, en que la fiscala Victoria Acuña, pese a tener todas las pruebas que demostraban que el político colorado era culpable, decidió darle una salida procesal y mató el caso.
Ahora aparece en escena el caso de Miguel Ángel Carballo, el “mecánico de oro” y presunto testaferro del senador colorado Víctor Bogado, a quien primero le sacaron de la cárcel con la “ayuda” del juez Miguel Tadeo Fernández, quien le dio arresto domiciliario, pero en la Cámara de Apelación los camaristas apuntaron que el fallo del magistrado tenía una falta total de argumentación y anularon la resolución reenviando el expediente para que se vuelva a hacer la audiencia de revisión de la prisión.
Fue ahí que los abogados de Carballo interpusieron una chicana, para evitar que su cliente vuelva a prisión.
Eso se dio en el mes de abril y fue entonces que la fiscala Sandra Quiñónez dispuso que la fiscala Josefina Aghemo, quien estaba haciendo un buen trabajo en este caso del “mecánico de oro”, sea reasignada a la Unidad de Delitos Informáticos, y fue designado el fiscal Nelson Ruiz como el nuevo agente investigador del caso.
Tal como ocurrió en el caso del “superviaducto”, Ruiz no se tomó mucho tiempo para iniciar un grosero blanqueo a Carballo.
Un nuevo equipo de fiscales está operando a favor de los casos de los políticos encabezados por la Fiscalía General, que avala todos estos actos y con la complicidad de la fiscala adjunta de Delitos Económicos Alba Rocío Cantero.
Victoria Acuña y Nelson Ruiz son los nuevos encargados de hacer el trabajo sucio y dar la cara para archivar los procesos.
Pero no solo hay casos que tienen que llegar a un finiquito rápido, también hay expedientes que tienen que ser metidos en el “freezer”, como es el caso de los escandalosos audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que salió a la luz el año pasado, en este proceso no declaró ninguno de los sindicados como los que traficaban influencias. La fiscalía tiene poco o casi nulo interés en investigar el fondo de la cuestión y el caso está congelado.