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27 de Agosto de 2018

| Se esfumó la plata

Quesnel se expone a otra condena por corrupción

Por Víctor Franco Novarecci

Luego de tres meses de juicio oral, el caso que investiga una desaparición de G. 3127 millones durante la administración de Rubén Darío Quesnel al frente del Instituto Nacional del Indígena (Indi) está llegando a su final con pedidos de altas condenas y millonarias multas para los principales responsables del hecho. El Tribunal de Sentencia ya escuchó a las partes y mañana a las 8:30 dará a conocer su fallo.

Este caso se inició hace tres años, cuando se denunció que el dinero que tenía que ser usado para la compra de tierras para las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa en el Chaco paraguayo, desapareció.

El principal sospechoso de esto fue el extitular del Indi, Rubén Darío Quesnel, su exadministradora Marlene Mendoza, el funcionario del Indi, Éver Otazo, y el expresidente de la Fundación Reforeast Par, Óscar Viera.

Todos fueron procesados por lesión de confianza y apropiación por el fiscal René Fernández. Quesnel y Mendoza, como autores y el resto en calidad de cómplices.

A lo largo del proceso, el que incidentó el trámite de las investigaciones fue Quesnel, quien ya había sido condenado a seis años y medio en otro caso por la venta irregular de tierras que también pertenecían a comunidades indígenas. Como estaba preso en la cárcel de Tacumbú, no le afectaba presentar las chicanas y tratar de ganar tiempo, para que no avance el proceso.

Para llegar a la audiencia preliminar se tuvieron que sortear recusaciones y una batería de incidentes más, hasta que finalmente se fijó la fecha para la diligencia que se suspendió en 19 ocasiones por las chicanas.

Juicio oral

También el inicio del juicio oral tuvo muchas dilaciones y recién tras eludir varias chicanas como recusaciones a fiscales y jueces se pudo iniciar el juzgamiento de esta causa el 24 de mayo pasado.

Durante el juicio, la querella y la fiscalía fueron presentando los hechos que desencadenaron en el millonario desvío del dinero. Con testigos y documentos agregados como pruebas se pudo demostrar que Rubén Darío Quesnel encabezó el saqueo de los G. 3127 millones.

La prueba más contundente se dio a través de testificales de personas que señalaron que Éver Otazo, en una ocasión, fue hasta el Banco Nacional de Fomento (BNF) para retirar G. 1000 millones.

Funcionarios del banco llamaron al Indi, para saber si Otazo podía retirar semejante cantidad de dinero y el mismo Quesnel confirmó que era su enviado.

En una segunda ocasión, Rubén Darío Quesnel y su entonces administradora Marlene Mendoza fueron al BNF a sacar lo que restaba del dinero. Esa ida a la entidad bancaria y el retiro del dinero quedó grabado en el circuito cerrado del banco y fue exhibido en el juicio oral como prueba contundente.

También se presentó una vasta documentación que demostraba el manejo irregular que se hizo del dinero que tenía que ser usado para la compra de tierras; hay facturas que supuestamente muestran que se utilizó para comprar otras cosas, entre ellos alimentos para los pueblos indígenas.

Pedido de condena

Cuando le tocó declarar a Quesnel, el mismo argumentó que todo el dinero que se retiró le fue entregado íntegramente a Óscar Viera, quien era el presidente de la Fundación Reforeast Par, que tenía que ser la encargada de comprar las tierras. Quesnel alegó que nunca tuvo el dinero en su poder; sin embargo, los documentos demostraron lo contrario.

Ya en los alegatos finales el fiscal René Fernández pidió que Rubén Darío Quesnel sea condenado a 11 años de cárcel y que pague una multa de G. 2000 millones, para Marlene Mendoza se pidió 9 años de encierro y una multa de G. 1000 millones. Ambos son sindicados como los principales responsables del desvío del dinero.

Para el funcionario Éver Otazo se pidieron cinco años de prisión, y para Óscar Viera, dos años de encierro.

La querella requirió igual pena y sanción pecuniaria para todos, pero en el caso de los funcionarios públicos, piden que sean inhabilitados por cinco años para ocupar algún cargo.

También un hecho que hizo resaltar la querella es que Éver Otazo y Marlene Mendoza actualmente siguen siendo funcionarios activos de la Contraloría y para ellos es un hecho no menor.

Efectivamente estos dos funcionarios fueron comisionados al Indi cuando asumió Rubén Quesnel y al explotar el escándalo por la desaparición del dinero, ambos volvieron a la Contraloría y como están con medidas alternativas a la prisión, siguieron trabajando en forma normal por todos estos años.

Para el Ministerio Público y la querella, se debe condenar a todos los acusados, para no dejar impune un hecho tan grave; además tienen la convicción firme de iniciar acciones tendientes a buscar recuperar los G. 3127 millones que desaparecieron y poder adquirir las tierras para las dos comunidades indígenas que se vieron afectadas por este hecho.

Muchas chicanas

Rubén Darío Quesnel logró evitar por 19 veces el inicio de este juicio que llega a su final. La defensa del acusado recusó a jueces, fiscales, presentó escritos para evitar que se llegue a iniciar el juicio oral. Tuvo total impunidad de parte de la administración de justicia para lograr presentar sus innumerables chicanas. No hubo una sanción para la actitud del procesado.

Recusaciones masivas

En febrero de este año, para trabar el inicio del juicio, Rubén Quesnel recusó a los miembros del Tribunal de Sentencia, los jueces Víctor Alfieri, Daniel Ferro y María Luz Martínez; los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios y los ministros de la sala penal Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta y Sindulfo Blanco. Al final, todo esto se rechazó.

Se turnaban

Cuando Rubén Quesnel fue advertido por sus chicanas, los otros procesados fueron los que se turnaban en presentar los incidentes dilatorios. Pero se les dijo que si seguían en ese plan de trabar el proceso, se les iban a levantar sus medidas alternativas e iban a ser enviados a prisión por no someterse al proceso. Fue entonces que prosiguió el caso.

Con un antecedente de sentencia

Rubén Darío Quesnel ya tiene una condena de seis años y medio por la venta de una propiedad de 25.000 hectáreas, que estaba ubicada en Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo, durante el tiempo en que fue titular del Indi.

Esto se dio, según la acusación del Ministerio Público, el 12 de octubre de 2012, cuando Quesnel, en complicidad con la escribana Justina Maribel Esteche, vendió el inmueble que era de una comunidad indígena a pesar de que las tierras de los pueblos originarios no son transferibles.

El asentamiento indígena fue comprado en 1996 por G. 1.250 millones y Quesnel autorizó su venta en 2012 por el mismo valor, lo que sería apenas el 5% de su valor real, según la acusación de la Fiscalía. El Ministerio Público pidió la pena de ocho años de prisión para Quesnel en el juicio, pero quedó conforme con la pena al final.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Blanca Gorostiaga, Gloria Hermosa y Carlos Hermosilla, el 16 de abril de 2015, tras analizar las pruebas presentadas en juicio, encontró culpable a Rubén Darío Quesnel por lesión de confianza y abandono y lo condenó a seis años y medio de cárcel y a dos años a la escribana Esteche. Desde esa época el extitular del Indi se encuentra recluido en la cárcel de Tacumbú.

El fallo fue apelado por la defensa de Quesnel y fue a parar a la Cámara de Apelación Tercera Sala integrada por los magistrados Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Antonia López de Gómez, quienes analizaron la sentencia y ratificaron la misma en todos sus términos.

Actualmente Quesnel está recluido en la cárcel y ya cumplió la mitad de la pena, pero tiene este otro proceso por lesión de confianza que está llegando a su final y en el que se pidió una pena de 11 años de cárcel para él, quien es el principal acusado de la desaparición de los G. 3.127 millones.

victor.franco@abc.com.py

 
 

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