Quieren mutilar las pruebas

En el inicio del juicio oral el tribunal de sentencia, integrado por los jueces Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina, solo oyó a las defensas de los acusados, el senador Víctor Bogado (ANR, cartista), la “niñera de oro” Gabriela Quintana y el exjefe de Gabinete de la Cámara de Diputados Miguel Pérez.

El abogado Andrés Casati, en representación de Quintana, planteó seis incidentes en los que solicitó que se excluyan la mayoría de las pruebas, que en la audiencia preliminar ya fueron aceptadas.

Casati también pidió el sobreseimiento definitivo de su defendida alegando que el proceso contra ella ya prescribió y por esa razón debe ser absuelta. Sobre esta tesitura el fiscal René Fernández explicó que el abogado defensor realizó un cálculo erróneo de las fechas y que no existe prescripción alguna, por esa razón es que se acusó y pidió juicio oral contra su defendida y los otros dos procesados.

Las demás defensas se allanaron a lo requerido por Casati y solo el abogado Óscar Latorre en defensa del senador Víctor Bogado planteó una excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 700/96, alegando que los empleados de Itaipú no son funcionarios públicos. Luego de esto se llamó al cuarto intermedio.

El receso fue de más de una semana y eso llamó la atención de todos, hasta incluso a la Corte Suprema de Justicia, que en su sesión plenaria dispuso la auditoría de gestión del expediente “Gabriela Quintana y otros s/ cobro indebido de honorarios y estafa”, para saber el porqué de la decisión tomada por los jueces de alargar tanto el cuarto intermedio.

Es sabido que si un juicio queda suspendido por más de 10 días se tiene que iniciar de nuevo, y en este caso casi se llega a ese tiempo, por lo que se requirió la auditoría.

Los tres miembros del tribunal de sentencia, al enterarse de la decisión de la Corte, enviaron una nota al máximo tribunal en la que detallan todos los juicios que cada integrante del integrante del colegiado tiene pendientes. La nota fue recibida y será agregada a la auditoría que ya se ordenó.

El caso

Este proceso ya lleva 5 años y 8 meses y por fin llegó a la etapa final del juicio, tras sortearse una infinidad de chicanas presentadas por los tres acusados. Se recusaron fiscales, jueces y se presentaron pedidos de nulidad y otros para evitar que el caso avance y llegue al momento del juzgamiento.

Para la fiscalía está muy claro que el senador Víctor Bogado, en el año 2013 cuando era presidente de la Cámara de Diputados, maniobró en complicidad de su jefe de Gabinete Miguel Pérez para que Gabriela Quintana sea nombrada en la Itaipú, sin contarle al entonces titular de la Entidad Binacional Franklin Boccia que la mujer ya era funcionaria en la Cámara de Diputados.

Al concretarse la doble remuneración, el caso saltó a la luz y tomó intervención el Ministerio Público, que en octubre de 2013 imputó a los hoy acusados, el senador Víctor Bogado y Miguel Pérez, por cobro indebido de honorarios y estafa en calidad de autor. Mientras que Gabriela Quintana fue imputada por cobro indebido de honorarios.

Mañana cuando se retome el juicio oral el Ministerio Público tendrá que responder todos los incidentes planteados por las tres defensas. El fiscal René Fernández adelantó que ninguno de los planteamientos será aceptado y se solicitará el rechazo de los mismos. Luego se pasará a la etapa de la declaración de los testigos propuestos por las partes.

PRUEBAS

1. Exclusión de testigo. El primer pedido que hizo la defensa de Gabriela Quintana es que se excluya como testigo a la diputada liberal Celeste Amarilla viuda de Boccia, ya que ella no puede suplir a su esposo Franklin Boccia, fallecido en el 2015.

2.  Publicaciones. Tampoco quieren que se tomen como pruebas las publicaciones periodísticas. Alegan que estas solo son interpretaciones del periodista que manipula la realidad y puede confundir a los miembros del tribunal.

3.  Informconf. El abogado Andrés Casati también pide al tribunal de sentencia la exclusión del informe de Informconf sobre Gabriela Quintana, ya que los datos que ahí figuran no se relacionan con los hechos punibles que se investigan en la presente causa.

4.  Fotografías. Finalmente solicitó que las fotografías en las que se ve a Gabriela Quintana compartiendo viajes y cumpleaños con la familia del senador Víctor Bogado tampoco sean tomadas como pruebas para no exponer a los menores que aparecen en ellas.

victor.franco@abc.com.py