La reflexión viene al caso más que nunca porque después ya estaremos en plena vísperas de elecciones.
Abril será un mes plenamente electoral porque se definirán los próximos cinco años de nuestro país. La Justicia no puede escapar del resultado electoral.
Aunque cueste digerirlo, hay que decir que todo lo que ocurra en el Poder Judicial y en el Ministerio Público está supeditado al resultado electoral, es decir, a los políticos.
No solamente importará quien resulte el Presidente electo, sino también la conformación del Parlamento.
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A partir de allí se iniciará la reforma cíclica de la Corte Suprema de Justicia, porque este año se van por cumplir los 75 años (edad máxima para ocupar un cargo judicial) los ministros Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco. El año que viene, en abril, ya le toca a José Torres Kirmser.
Siguiendo la lógica de los políticas son dos cupos de los liberales y uno del coloradismo. Pero los sectores independientes también ya piden espacio. En fin, todo es cupo político. Más allá de que el Consejo la Magistratura se esfuerce por demostrar lo contrario.
El resultado electoral también marcará e futuro de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Recordemos que hay un sector del liberalismo que pide su cabeza.
El resultado le podrá dar estabilidad o todo lo contrario.
Las urnas también serán un adelanto de la conformación de una futura Convención Nacional Constituyente.
Es casi seguro que el 2019 sea el de la Reforma Constitucional, con el tema de la reelección a la cabeza.
Afectará directamente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Consejo de la Magistratura.
¿Desaparecerán estas instituciones? ¿Eliminarán la representación política? ¿Los fiscales tendrán un lugar en estos estamentos?
Mucho por definir como consecuencia de un resultado electoral. La política marca los tiempos de nuestro país. Es de esperar que los electos tengan la sensatez de tomar las decisiones en provecho de un sufrido país y no con fines particulares. Difícil. Es como para reflexionarlo toda la Semana Santa.
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