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El principal cargo atribuido a Blanco fue prevaricato, figura que consiste en dictar a sabiendas resoluciones contrarias a la ley. Además, otras irregularidades como el congelamiento de expedientes. Varios legisladores se ausentaron cuando se iba a votar y hubo además llamativas abstenciones (sobre todo de liberales). La diputada Kattya González (PEN) fue una de las que argumentaron la acusación contra Blanco y celebró el resultado porque este es “un ícono del antisistema, de lo que no queremos en la Corte”. Por su parte, el abogado defensor Jorge Bogarín dijo que si bien fue “una decisión política”, las reglas del debido proceso no se cumplieron.