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De esta forma, el Ministerio Público resalta que habría una alevosa subfacturación de la finca y que con ello supuestamente se causó un enorme daño al patrimonio del Estado.
La fiscala Delvalle agrega que la venta hecha por el titular del Indi también sería ilegítima, “en razón de que habría sido realizada en contravención a lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente la venta de tierras destinadas a los indígenas.
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales, ni ser arrendadas, asimismo están exentas de tributos. Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin expreso consentimiento de los mismos”, es lo que señala el artículo 64 de la Constitución que fue ignorado por Quesnel, quien había sido denunciado ante el Ministerio Público y la investigación quedó a cargo de la fiscala Delvalle que la semana pasada lo imputó por el hecho punible de lesión de confianza, que tiene una pena prevista de hasta diez años de cárcel, según el Código Penal paraguayo.
Por otro lado, la fiscala también resalta el hecho de que la compradora, Julia Beatriz Vargas Meza, al parecer carecería de las condiciones económicas necesarias para la adquisición del inmueble de 25.000 hectáreas por G. 1.250 millones. Es por ello que la misma fue imputada en carácter de cómplice.
Vargas Meza sería una prestanombre.
El presidente de la República, Federico Franco, destituyó la semana pasada a Quesnel, después de las numerosas críticas y la imputación del Ministerio Público.
Ahora, Quesnel deberá defenderse ante el Ministerio Público. En su descargo, había manifestado que toda la operación fue legal y alegó que había un dictamen de la Procuraduría General de la República.
El presidente de la república, federico franco, se vio obligado a destituir al presidente del indi que fue imputado por el ministerio público