La Ley N° 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”, en su artículo 4° faculta a los agentes de la institución a utilizar la fuerza y dispone que “la Policía Nacional, como órgano de seguridad interna del Estado, podrá hacer uso de la fuerza pública para el cumplimiento de su cometido, y de esa forma cumplir sus funciones, obligaciones y atribuciones de la Policía”.

En el “Manual de uso de la fuerza de la Policía Nacional”, la fuerza se clasifica en: letal y no letal; la primera puede causar la muerte o lesiones graves y consiste en disparar en dirección a una persona, aunque no haya intención de matar; y disparar contra un vehículo en movimiento, una persecución; mientras que la segunda es el esfuerzo físico para controlar a otra persona.

El nivel de fuerza que vaya a emplear un oficial, es proporcional al nivel de resistencia, que puede ser verbal o por agresión.

Con armas de fuego

El uniformado solo podrá desenfundar su arma en caso de amenaza real, actual o inminente. Esto le permite al mismo prepararse para el uso de fuerza letal. Pero esta forma de proceder del policía puede causar consternación en el público.

Además, en caso de hacerlo y dependiendo de la circunstancia, puede o no llevar el seguro.

Pese a que los uniformados pueden recurrir al uso de su arma de fuego reglamentaria, existen prohibiciones.

Pues los policías no pueden efectuar disparos de advertencia, los denominados “intimidatorios”. Según el manual, “los disparos de advertencia son potencialmente letales para terceros, por lo que resultan inapropiados para cualquier nivel de resistencia. Por lo tanto, su uso no está permitido bajo ninguna circunstancia”. Esto incluye las persecuciones.

Está prohibido que los uniformados recurran a los disparos para detener a una persona o cuando otros niveles de fuerza estén disponibles.

El uso inadecuado de la fuerza y el arma conllevaría a una responsabilidad administrativa, civil o penal.

Graves consecuencias

El incumplimiento del manual de uso de la fuerza por parte de los policías deriva en casos de “gatillo fácil”. En uno de ellos la víctima fue Anderson Medina, quien sigue pagando las consecuencias, pues uniformados que montaron una barrera ilegal lo persiguieron en Ciudad del Este y dispararon contra su vehículo, el 1 de julio de 2012. El joven fue herido gravemente en la columna. El responsable del disparo fue el oficial Narciso Cañete, quien fue condenado a solo 6 años y 6 meses de cárcel.

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