El caso fue denunciado por el defensor del Pueblo Miguel Godoy, quien cuestionó a los jueces la baja pena que aplicaron al sacerdote, sentenciado a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena. Al cuestionar la sentencia aplicada en la causa caratulada “Félix Miranda Gamarra sobre abuso sexual en niños” Godoy sostuvo que el colegiado se arrogó funciones del derecho canónico al prohibir al sacerdote Miranda Gamarra el ejercicio del voto sacerdotal. Asimismo, el defensor del pueblo cuestiona que el tribunal haya impuesto como obligación la donación de G. 5 millones al Hospital Regional de Encarnación como reparación del daño, debido a que el sufrimiento de la víctima no tiene precio.