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COLONIA YVYRA PYTÃ, Canindeyú. (Alberto Núñez Barreto, corresponsal). Unas 50.000 hectáreas del inmueble, propiedad de la familia Riquelme, están invadidas por un grupo de campesinos autodenominados sintierras. En su mayoría, los labriegos se dedicarían a la tala ilegal de árboles, como también al cultivo de marihuana. El asentamiento irregular es denominado “6 de Enero”, y allí se encuentran unas 2.000 personas.
Los añosos árboles son depredados para convertirlos en durmientes, tirantes, cortes de marco y carbón vegetal, que luego son transportados a los diversos mercados de las zonas de Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná y Uruguay.
Los supuestos sintierras afirmaron que el negocio ilegal de la madera es la única manera que encuentran para sobrevivir y preparar sus chacras. Calcularon que alrededor de 2.500 hectáreas de bosque ya fueron derribados.
De acuerdo a los datos recabados en la zona, los financistas uruguayos son los que más invierten en coimas para garantizar el tránsito de los rollos de madera. Según fuentes, el soborno va a parar a los bolsillos de funcionarios del Instituto Forestal Nacional (Infona), de uniformados de la subcomisaría 19ª Campo Aguae y de efectivos policiales del Departamento de Bosque y Asuntos Ambientales (Deboa).
Estos últimos fueron ubicados en el acceso a la reserva, designados para prevenir el tráfico de madera y sus derivados. Ninguno supo dar explicaciones sobre las presuntas coimas para que los cargamentos salgan sin dificultades a la Ruta X “Las Residentas”. Reconocieron que reciben presiones políticas a la hora de realizar procedimientos.
Además, desde hace meses que no funciona ni una de las dos cámaras de circuito cerrado colocadas en el lugar para detener el rollotráfico, según confirmaron los uniformados.
Intentamos hablar con el director general de Orden y Seguridad de la Policía, Crio. Luis Cantero, pero no contestó nuestras llamadas.
En el 2015, varios sobrevuelos en helicóptero revelaron la presencia de hornos preparados para la fabricación de carbón vegetal, como también se observaron rastros de la deforestación. A pesar de ello, ni la Fiscalía ni la Secretaría del Ambiente (Seam) toman cartas en el asunto.