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En setiembre de 2006 se conformó el tribunal de Sentencia con los jueces Helio Ovelar, Manuel Aguirre y Dody Báez y se dio inicio al juicio por la muerte de más de 400 personas, en el local del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas.
El 5 de diciembre era el día en que se debía leer la sentencia. Los jueces Ovelar y Aguirre calificaron el hecho como homicidio culposo y la jueza Báez configuró el suceso como homicidio doloso, pero cuando se estaban leyendo los argumentos, las víctimas y familiares de víctimas que estaban presenciando el juicio crearon disturbios tirando sillas y todo objeto que tuvieran a mano.
Eso hizo que la lectura de la sentencia quedase trunca. Luego sobrevinieron una serie de recusaciones e inhibiciones, que terminaron por desmantelar el tribunal. Recién el 8 de agosto de 2007 se volvió a conformar un nuevo tribunal.
Los jueces Blas Cabriza, Germán Torres y Bibiana Teresita Benítez eran los encargados de llevar a cabo el segundo juicio, de esta manera se abría un gran debate sobre el doble juzgamiento. Este argumento fue utilizado por la defensa de los imputados, pero la presión ciudadana torció la justicia y el 31 de agosto de 2007 se inició el nuevo juicio.
En febrero de 2008, se dio a conocer el fallo de este tribunal que fue condenatorio, para los principales acusados por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa acabada; Juan Pío Paiva, condenado a 12 años, Víctor Daniel Paiva a diez años y el guardia Daniel Areco a cinco años de prisión.
Por exposición de personas a lugares de trabajos peligrosos fue condenado Humberto Casaccia a dos años y seis meses. También estuvieron imputados por este delito Agustón Alfonzo, María Victoria de Paiva y Antolina Burgos, quien fueron absueltos.
Los funcionarios municipales de Asunción, Jorge Gamarra Morínigo y Jesús María Insaurralde, fueron condenados a un año y seis meses por falta de fiscalización de obras. A la misma cantidad de años fue condenado Rodrigo Castillo, pero por producción de riesgos comunes.
La labor que cumplió la fiscalía en el caso Ycuá Bolaños, siempre fue muy cuestionada por los querellantes. El agente Édgar Sánchez, fue siempre acusado por las víctimas y familiares de víctimas de haber llevado mal el caso.
Sánchez, nunca pudo conseguir una condena elevada para los imputados, tal como era la expectativas de los querellantes. Incluso en el primer juicio se estaba por dejar sin condena a los imputados por eso incidentaron los presentes quienes lograron parar la lectura de la sentencia.
Muchos son los que concuerdan en que el fiscal Édgar Sánchez, logró las condenas solo por la presión social de la gente y la magnitud de la catástrofe, que por su labor judicial al frente del expediente.