Violencia, pan de cada día en asentamientos

Cuatro asentamientos ubicados en localidades diferentes comparten una cruda realidad: la seguridad ciudadana vulnerada desde todos los aspectos. La violencia es tan común que se volvieron parte de sus vidas, pues se perdió la confianza en la justicia.

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Asunción, Luque, Ñemby y Limpio son ciudades que albergan numerosos asentamientos y si bien se encuentran distantes geográficamente entre sí, comparten realidades muy similares: los asentamientos, sitios donde la violencia, los delitos, venta y consumo de drogas son parte casi inextirpable de su realidad.

Las Mercedes de Ñemby, Barcelona de Villa Madrid, 2 de Noviembre de Luque -todos asentamientos de Central-, junto al histórico barrio Tacumbú de Asunción, fueron objeto de un estudio por parte del Centro de Estudios Judiciales (CEJ). Los resultados demuestran que comparten y arrastran problemas que sientan sus bases en la exclusión social por la condición en la que se desenvuelven sus pobladores.

Su población está mayoritariamente compuesta por jóvenes, quienes son los que menos oportunidades tienen de acceder a un empleo. Los trabajos informales son una salida rápida a esta situación, pero los niveles de ingreso económico están por debajo de la línea de la pobreza o muy ligeramente por encima, no solo para los jóvenes, sino para muchas de las familias.

Esta situación trae consigo consecuencias como el hacinamiento, al ser sitios prácticamente sobrepoblados, con acceso limitado a servicios básicos, como recolección de basuras, desagüe cloacal, baño moderno, alumbrado y transporte público.

Los tres asentamientos estudiados del Departamento Central, junto con Tacumbú, tienen rasgos diferentes por su antigüedad, pero el día a día de sus pobladores es el mismo y los jóvenes son quienes más vulnerables se encuentran, ya que son los que tienen un fácil acceso a las drogas y alcohol, hecho que los encierra en un círculo vicioso difícil de romper, propiciado generalmente por la disfuncionalidad de las familias.

La alta estigmatización que sufren los pobladores de estos asentamientos, por el simple hecho de vivir donde viven, es otro de los factores que profundiza la crisis sociocultural en esto sitios, que se caracterizan por una cultura autoritaria para abordar problemas de la comunidad.

Tal y como se refleja en las estadísticas policiales, las mujeres son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, y esto es –de acuerdo al estudio– a causa de la aceptación cultural de este tipo de hecho punible, incluso se borra la línea entre lo legal y lo ilegal. Y es que la experiencia histórica enseñó a sus pobladores a tener poca o ninguna confianza de toda la comunidad hacia la Policía Nacional.

Sin embargo, no es solamente la delincuencia el origen de la inseguridad en estas comunidades, sino también es consecuencia de la exclusión, y esto pone en la mira al Estado: la presencia fragmentada y descoordinada de las políticas públicas profundiza la inseguridad en estos territorios, donde florecen mercados para los negocios ilícitos.

Como lo vimos antes, la juventud es la principal víctima de la realidad en la que se forman. Son los protagonistas de situaciones de violencia y delincuencia que engrosan las estadísticas policiales. Se los relaciona directamente con el consumo desproporcionado del alcohol, gracias a la distribución sin control alguno, el tráfico y consumo de drogas y la peleas callejeras. El Estado no dispone de recursos humanos ni técnicos que puedan enfocarse en la crisis que vive la juventud de estos territorios.

La falta de oportunidades, la violencia, la delincuencia, la inseguridad, se nutren del endeble acceso a la justicia: la cultura machista hace que la mujer en estos lugares aprendan a tolerar los abusos durante años, a veces vidas enteras y esta práctica se aprenden las mujeres jóvenes que crecen bajo la sombra de este ejemplo, todo por las las limitaciones para acceder a protección judicial, atención psicológica y jurídica. Las respuestas institucionales son absolutamente insuficientes.

Los hechos punibles más denunciados son: el robo y hurto (agravados y no), violencia contra la integridad de las personas, violencia intrafamiliar, tráfico y consumo de drogas, polución sonora, accidentes de tránsito y los homicidios. Los conflictos entre vecinos se encuentran casi siempre vinculados al abuso del alcohol, que tiene como consecuencia agresiones, denuncias de polución sonora y violencia intrafamiliar. Sin embargo, los líderes comunitarios expresan su preocupación y temor por el consumo y el tráfico impune de drogas y el abuso del alcohol, que consideran principales causas que generan hechos delictivos.

El seguimiento reveló que existen tipos específicos de violencia comunes en todos los territorios estudiados. La violencia intrafamiliar y el abuso sexual en niños son muy frecuentes y pueden ser consecuencia del hacinamiento y la disfuncionalidad de la mayoría de las familias. Sin embargo, esta problemática no es abordada de forma comunitaria, pues son consideradas como cuestiones “privadas” de las familias.

El nacimiento de grupos internos que compiten por espacios de poder para controlar negocios ilícitos también es una constante en las cuatro áreas de estudio, pero los líderes sociales se declaran incapaces de tomar acciones, debido a un patrón común: la falta de confianza en la Policía y en la justicia, con lo cual se teme por las represalias que las denuncias pueden ocasionar.

También se identifican hechos generados por la deficiente actuación o simplemente inacción de los organismos de seguridad, ya sea Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y/o Poder Judicial. Esto provoca que aquellos llamados “malvivientes” puedan actuar con facilidad e incluso impunidad, ya que en todos los casos los líderes sociales han manifestado falta de confianza e incluso señalan la complicidad con los responsables de la distribución de droga en los barrios.

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