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07 de Setiembre de 2018 11:52

 

Veredas asuncenas: un paseo de resistencia

Por Graciela Galeano Ovelar

Asunción tiene un multitudinario movimiento de personas que a diario transitan por sus calles y veredas. La desidia, no solo de las autoridades sino también de la ciudadanía, ha hecho de esta ciudad una carrera de obstáculos para conductores y peatones.

¿Qué tal si salís a dar una vuelta por el microcentro ciudad? Sí una vuelta, caminar ahí sobre la calle Herrera hasta Paraguarí, después pasar por Teniente Fariña y regresar por Yegros, solo unas cuantas cuadras... ¿Qué ves?

Aceras completamente resquebrajadas y otras obstruidas para el paso peatonal, registros de la Empresa de Servicios Sanitario de Paraguay (Essap) sin tapas, cloaca, basura, rampas mal utilizadas que están destinadas a personas con discapacidad móvil, otras destruidas. El escenario capitalino es devastador y además de ser desagradable, también se constituye en un peligro para peatones y conductores.

El panorama de una ciudad como Asunción es desalentador, entonces se viene la temida pregunta, ¿de quién es la culpa? La respuesta usual es: “de las autoridades”. Sin embargo, hay una realidad que no se puede negar: también es una gran responsabilidad de la ciudadanía.

En ese contexto, por ejemplo, según el artículo 60 de la Ordenanza Municipal N° 217/12, “los propietarios o responsables de inmuebles urbanos, cualquiera sea la situación de sus calles, están obligados a construir, reparar, conservar y regularizar las existentes veredas. La transgresión a este artículo es considerada una falta gravísima, que puede ser multada con hasta 20 jornales mínimos”.

Puntualmente en este caso es el dueño de la propiedad quien debe hacerse cargo de la reparación de las veredas y la Municipalidad la que debe fiscalizar y notificar al frentista.

¿Qué ocurre entonces?

El fiscalizador al ver una vereda en mal estado hace una notificación al dueño de la propiedad, luego si logra hablar con el frentista busca negociar para que este restaure la acera. “Generalmente piden 30 a 45 días y somos accesibles en eso porque lo que nosotros buscamos es solucionar no recaudar”, expresa Silvio Vázquez, jefe de la Unidad de Intervención en el Dominio Público en la Municipalidad de Asunción.

“Se le notifica al ciudadano, yo registro en un cuaderno el tiempo. Cuando se vence el plazo, hay que ir a verificar. Si se solucionó el problema, viene el fiscalizador con el informe y ese se remite a la dirección. Si es que no se solucionó el problema, entonces ahí se le labra acta, firmo yo, firma el director y enviamos al tribunal de faltas para la aplicación de medidas”, agrega.

¿Y los inmuebles desocupados?

“En los lugares que están abandonados se labra acta, se envía al juzgado de faltas y allí le llaman al titular de la cuenta corriente. Normalmente ellos (los dueños) no acuden y en algún momento cuando quiera vender algo o transferir el inmueble, le salta la multa”, aclara.

 

Falta de conciencia social

Gerónimo Muñoz, de la Asociación de Ciegos de Paraguay, aseguró que están cansados de pedir soluciones y que tanto la ciudadanía como las autoridades hagan caso omiso. El problema no está solo en inconvenientes con los pisos rotos sino también en infracciones que cometen cotidianamente algunas personas por ignorancia o deliberadamente.

Muñoz señala que el mayor inconveniente se encuentra en la cantidad de personas que estacionan su vehículo en plena vereda, las tapas de la Essap que son robadas por delincuentes, los negocios que copan todo el espacio peatonal con carteles u otros elementos y las construcciones que normalmente acaparan toda la acera con cúmulos de arena.

Recuerda que un compañero suyo no vidente en una ocasión se lastimó al chocar contra un automóvil estacionado en la vereda. "¿Después quién te paga los daños?", se pregunta.

“Imaginate lo peligroso que es que alguno de nosotros se tenga que bajar al asfalto para pasar, porque la vereda está ocupada, y venga un vehículo. Creo que están esperando a que ocurra una desgracia para tomar cartas en el asunto. Queremos que la gente tome conciencia pero también que las autoridades se encarguen de hacer cumplir las reglas, que le multe a la gente que hace eso”, manifiesta.

En ese marco, la ley 5016/14 "Nacional de Tránsito y Seguridad Vial", en su artículo 31 sostiene que "queda asegurada al peatón la utilización de las aceras o veredas, paseos, franjas peatonales o pasajes apropiados de las vías urbanas y de las banquinas de las vías rurales para la circulación".

Así también la ley N° 4934/13, en el artículo 4°, establece que se debe garantizar el acceso al medio físico y la utilización de bienes y servicios de la sociedad a las personas con discapacidad. "En toda obra de sector público o privado que se destine a actividades que supongan el acceso del público, deberán preverse accesos, espacios de permanencia, salidas, medio de circulación, espacios de servicios y apoyos, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad", sostiene.

Al respecto, el funcionario municipal encargado del área cuenta que personalmente tiene una política de buscar que el frentista entre en razón. “Lo que yo priorizo es el paso peatonal, algunos ponen canteros, algunos obstáculos, lo que tratamos de atender es la prioridad del peatón: personas mayores de edad, no videntes, madres que pasean con el carrito del bebé, por un lado tratamos de concientizar a la gente pero la gente de por sí no va a hacer eso si vos no le notificás y no le decís que va a tener una multa”, lamenta.

Las multas por faltas leves, según la ordenanza municipal, es de cinco jornales mínimos (G. 406.260); por faltas graves, 10 jornales mínimos, (G. 812.520) y por faltas gravísimas 20 jornales mínimos (G. 1.6250.400).

En ese contexto, Vázquez confiesa que prefiere no multar a los frentistas, sino apelar a su razonamiento. “Pasa que si le sancionás, la Municipalidad cobra la multa, pero no se soluciona el problema”, asevera.

Seis fiscalizadores para todo Asunción

La ciudad capitalina paraguaya tiene 117 km2 de superficie y solo seis fiscalizadores para verificar el estado de las veredas, por ende, requieren por lo menos de 20 funcionarios para esta labor, según Vázquez. 

“El otro problema es que necesitamos un poco más de gente. Asunción es grande y a veces no podemos cubrir todo. Hay pedido de los directores, reclamos y trabajos de oficios que vamos haciendo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Estamos solucionando de a poco. Son seis fiscalizadores”, añade.

Ellos vienen lunes, retiran los expedientes y van haciendo en la semana y el próximo lunes entregan los informes y retiran otros expedientes. 

“El presupuesto es un tema delicado. De la caja chica de saneamiento urbano se le entrega G. 200.000 a cada fiscalizador después ellos a fin de mes presentan todas las boletas, tienen que poner en donde se fueron, tenemos una planilla. Ahora, hay que ser sinceros, a veces no se les da todos los meses, se les da mes de por medio. Algunos van en colectivo y otros van en sus propios vehículos y ellos costean sus combustible”, acota.

 

El plan “B”

El edil Federico Franco Troche presentó a la comuna capitalina una minuta que pretende modificar esta última ordenanza N° 217/12 en su artículo N° 62 asevera que en caso de que los propietarios no cumplan con  la construcción o reparación, la municipalidad puede proceder.

La idea de Franco Troche consiste primero en reducir la cantidad de plazo para dar inicio a las obras tras el incumplimiento de la notificación, de 45 a 15 días. Además sugiere que vía licitación pública la municipalidad adjudique la reparación, conservación o regularización de las veredas a empresas privadas, de conformidad a los criterios a ser definidos en el llamado.

La asignación de las firmas se haría por barrios, es decir, un empresa estará en cargada de reparar todas las aceras de un barrio.

“La empresa adjudicada será responsable de la elaboración del plan de trabajos a ser realizado en la zona asignada. Deberá contemplar un relevamiento integral del estado de las aceras, la identificación de los propietarios, las notificaciones, la evaluación de la capacidad y formas de pago a ser propuestas por los propietarios frentistas, elaboración de un plan de subsidios para contribuyentes con necesidad social, así como el plan de obras que deberá ser aprobado por la municipalidad”, añade.

En ese marco, el documento aclara que si la firma no logra cobrar al frentista por la obra, el monto deberá ser incluido a la cuenta catastral.

También presenta los costos estimativos que se cobrarían al frentista por poner en condiciones las veredas, si este no lo hiciere por su propia cuenta. Estos montos ya incluyen el material y la mano de obra:

a) Reparación o conservación de sus veredas: G. 146.073 o 158.445 por m2. Incluye: remoción de piso existente, alisada con mortero de cemento y arena previa preparación de la base, colocación de piso y retiro de material excedente

b) Construcción de veredas: G. 280.205 por m2. Incluye: excavación, contrapiso de cascote de 10 cm de espesor, cordón de ladrillo común, alisado de cemento, colocación de piso y retiro de escombros. Contempla material y mano de obra.

c) Construcción de rampa: G. 581.698 467.774 por unidad. Incluye: demolición de vereda, demolición de cordón y adecuación de cordón, excavación, contrapiso de cascote de 10 cm de espesor, piso de hormigón de 5 cm de espesor, pintura con esmalte antideslizante con logo identificatorio de capacidad diferente y retiro de escombros.

El concejal Franco Troche comenta que presentó la propuesta hace un año y que hasta la fecha se encuentra en estudio para dictamen del Ejecutivo. “Faltaría el dictamen o parecer favorable de la dependencia técnica de la Intendencia”, aclara.

Referente a esta propuesta, Silvio Vázquez, jefe de la Unidad de Intervención en el Dominio Público en la Municipalidad de Asunción, dijo que sería una solución para dar respuesta a este reglamento de la ordenanza que no puede ser concretado por falta de presupuesto específicamente para esa labor.

 

¡Manos a la obra!

Es verdad que el gobierno y las autoridades locales tienen una importante labor en regular y poner en condiciones los bienes públicos, pero en este caso, también se requiere de una ciudadanía consciente, que piense en las personas que tienen dificultades para movilizarse, que busque cumplir con su responsabilidad sin ser notificada y que contribuya para una capital mejor.

Esto no va solo dirigido a los frentistas, sino también a las personas que ocupan las veredas, aquellos inadaptados que destruyen bienes comunes por diversión, los conductores que estacionan de manera indebida frente a las rampas o sobre la acera peatonal y toda la gente que tira basura en la calle... Si no hay educación y razonamiento, no hay leyes ni controles que logren dar solución a este tipo de problemas.

 

 

 
 

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