Derechos “de fachada”

La paradoja es que Paraguay forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde 2014, pero la lista de falencias que tiene nuestro país en este ámbito es sumamente extensa, de acuerdo al más reciente informe de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuya versión final se publicó el 5 de setiembre pasado.

Básicamente, lo que Naciones Unidas le dice a Paraguay es que está contenta que el Estado haya firmado decenas de tratados en los cuales se compromete a velar por los Derechos Humanos en diferentes ámbitos. El problema es que, habiéndolos firmado, el país no los cumple.

El gobierno de Horacio Cartes se ufanó de formar parte de esta dependencia de Naciones Unidas para intentar mostrar que el Estado cumple con todos los requisitos en la Defensa de los Derechos Humanos.

Nada más lejos de esto. Por ejemplo, este Comité afirmó que la Fuerza de Tarea Conjunta, que opera en el norte del país en presunta persecución de los criminales del EPP, cometen “numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura”, basados en un reporte del Mecanismo Nacional contra la Tortura.

En otro caso, la ONU insiste en que Paraguay es un país en donde no se condenó los crímenes de la dictadura stronista. “Si bien toma nota del procesamiento en 2016 de diez presuntos autores de actos de tortura ocurridos en el período 1954-1989, preocupa al Comité la demora en las investigaciones de los 18.772 casos de tortura identificados por la Comisión de Verdad y Justicia durante el período dictatorial, y lamenta la falta de datos consolidados con respecto al resultado de las mismas hasta la fecha”, reza parte de este informe.

Este Comité de Naciones Unidas reportó que en un periodo de cuatro años, entre 2013 y 2017, el propio gobierno de Horacio Cartes hubo 144 muertes bajo custodia de las fuerzas del orden. “El Comité (...) lamenta la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de dichas muertes y sobre las indemnizaciones otorgadas a los familiares de las personas fallecidas”, informó.

En total hubo 873 denuncias por presuntos abusos de parte de agentes del Estado en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, según cita ONU nombrando a la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía. El reporte no especifica qué tipo de abusos o crímenes son, pero de ese total 16 fueron objeto de procesamiento, seis fueron elevadas a juicio oral, en tanto que ninguna cuenta con una sentencia definitiva, indicó el reporte.

El informe también “lamenta” que Paraguay no hizo caso a las recomendaciones que se dieron en otros informes en donde se pidió castigar a quienes cometan actos de tortura y otros malos tratos. Dentro de este contexto, esta dependencia de la ONU contó que recibió denuncias de prácticas constantes de torturas de parte de agentes de la Policía y de las cárceles del país. El comité dijo mirá con “preocupación que directores de centros penitenciarios contra los que se han presentado sucesivas denuncias por actos de tortura rotan en sus funciones sin ser suspendidos de sus cargos, investigados y sancionados”.

Paraguay tampoco dio datos a Naciones Unidas sobre las sanciones concretas que hubo contra los torturadores. En cambio, el Estado se limita a dar reportes sobre investigaciones internas contra funcionarios “y no incluyan datos consolidados de todas las denuncias de tortura, las investigaciones, los procesamientos y las sanciones durante el período sujeto a examen, y ello pese a las preguntas formuladas por el Comité durante el diálogo”.

Otro de los puntos en donde se hizo hincapié en cuanto a las deficiencias sobre Derechos Humanos tiene que ver con el Ministerio de Defensa Pública. El Comité de ONU dijo estar preocupado por los problemas que tienen los detenidos para ponerse en contacto con los parientes o con un defensor público desde los primeros minutos de la detención.

“El Estado parte debería garantizar que el Ministerio de la Defensa Pública brinde asistencia legal gratuita a personas con escasos recursos económicos desde los primeros momentos de la detención y aumente la frecuencia y eficacia de las visitas de los defensores públicos”, se exige dentro del texto.

* La imputación inicial en la mayoría de las causas (de tortura de parte de agentes del Estado), según datos del mecanismo nacional de prevención de la tortura, se realiza bajo figuras delictivas más benignas, como el delito de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, lo que permite negociar una alternativa que elude la pena de prisión.

* Pese a la obligación legal de la Fiscalía de garantizar la protección de víctimas y testigos, el Comité continúa preocupado ante la falta de un programa que garantice dicha protección.

* El Comité toma nota de la posición manifestada en el informe del Estado parte de que los agentes policiales que intervinieron en el desalojo policial del 15 de junio de 2012 en Curuguaty, en el que 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida, actuaron en legítima defensa. Sin embargo, el Comité considera preocupante que ninguno de estos agentes haya sido formalmente investigado sobre la necesidad y proporcionalidad del uso de armas de fuego durante el desalojo, mientras que los campesinos acusados han sido condenados en julio de 2016 a penas de entre 4 y 30 años.

* El Comité reitera su preocupación respecto al aumento sostenido del uso de la prisión preventiva, que a finales de 2016 alcanzó el 78% de la población carcelaria, conforme a los datos del mecanismo nacional de prevención de la tortura.