El más reciente reporte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) revela que menos del 3% de los entes del Estado cumple la Ley 2.479 y su modificatoria, la 3.585, que establece como porcentaje mínimo el 5% de personas con discapacidad que deben estar dentro del plantel de esas entidades.
El informe enviado por la Secretaría de la Función Pública reveló que hasta abril de este año se registraron 1.479 personas con discapacidad como empleadas gubernamentales. De esas 405 organizaciones del Estado, 144 informaron que tienen personas con discapacidad dentro de su plantel, pero sin cumplir el porcentaje mínimo requerido.
Un total de 124 organismos del Estado no tiene personas con discapacidad dentro de sus planteles y otras 125 entidades directamente no informaron a la Secretaría de la Función Pública sobre este punto.
“El 67% de los Funcionarios con Discapacidad (FcD) son de sexo masculino, equivalente a 999 hombres, y 489 mujeres, que representan el 33%. Los datos evidencian que el 68% de los funcionarios con discapacidad tienen vínculo permanente con las instituciones y en menor medida el vínculo es temporal, 32%”, detalló el informe de la SFP.
Entre las instituciones que cumplen la inclusión laboral se encuentran el Poder Ejecutivo: Auditoría General del Poder Ejecutivo, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
También el Gobierno Departamental de Alto Paraguay, las Municipalidades de Loreto (departamento de Concepción), Caraguatay (Cordillera), Borja y Coronel Martínez (Guairá) y San Roque González de Santa Cruz (Paraguarí), además del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
Humberto Peralta, ministro de la Función Pública, dijo que este es un número “insuficiente” y que lo más grave es que el propio Gobierno incumple las leyes. Aseguró que existe un borrador de decreto próximo a aprobarse que establecerá una multa para los titulares de las entidades que no cumplan con este cupo para la inclusión de las personas con discapacidad. La cifra equivaldrá a 100 jornales, unos G. 7.000.000, que los deberá pagar “de su bolsillo” el o la titular de la entidad que incumpla la ley. Actualmente, se está coordinando con la Senadis y el Ministerio de Hacienda para habilitar una cuenta en que se hagan estos depósitos.
Peralta afirmó que también está obligando a las instituciones a que aumenten el cupo del 5% y lo eleven hasta el 10% cuando hacen los llamados, a modo de incluir a más personas con discapacidad dentro de la función pública. En ese sentido, ejemplificó diciendo que con cada llamado para completar diez vacancias, no se puede pedir que el 5% sean personas con discapacidad. “No podés contratar a la mitad de una persona. Tiene que ser el 10%. Una de cada diez”, indicó.
Dentro de la función pública hay más personas con discapacidad física que mental. Peralta dijo que eso también se debe a una cultura paraguaya que no está educada para tratar con ellas y que falta una ley de educación inclusiva, como por ejemplo para con las personas con discapacidad psicosocial. “Todavía nos falta trabajar”, concluyó.