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En las últimas semanas crecieron de manera alarmante los focos de incendios a cielo abierto en varios puntos de la Región Oriental, la mayoría de ellos generados en la temporada de quema de pastizales que se salen de control, atizados por los fuertes vientos. Esta situación pone en riesgo a los moradores de las zonas afectadas, animales y cultivos.
El humo que se genera dificulta la visibilidad cuando un incendio se registra en las cercanías de una ruta, lo cual arriesga a los conductores. En efecto, ya se reportaron accidentes ruteros, uno de ellos con fatal desenlace en la ciudad de Quiindy, en el departamento de Paraguarí.
Este fenómeno también se observa en varios puntos de la Región Occidental, a pesar del riesgo que implica este tipo de prácticas en las condiciones climáticas actuales, teniendo en cuenta que las bajas temperaturas dieron paso a la sequía.
Un informe resulta poco alentador teniendo en cuenta que coloca al país entre los cuatro primeros generadores de focos de incendios forestales a nivel Sudamérica en 2017, un problema que se suma al de la depredación de áreas verdes en distintos puntos de la república.
La mayor responsabilidad en la expansión de los incendios forestales tiene rostro humano, independientemente a que se registren en zona de dominio público o privado. Aunque se trate de un método de limpieza de malezas, el fuego y el humo concentran una importante cantidad de gases de efecto invernadero.
De hecho, la Seam desautoriza este método de limpieza, tanto por el daño ambiental como por el riesgo de que salga de control y afecte a áreas no contempladas por quienes pretendían quemar el pasto para limpieza de un terreno y dejarlo apto para la siembra.
Más grave aun resulta cuando el fuego es ocasionado de forma premeditada, abarcando grandes extensiones de terreno que un muchos casos ya no se recupera. El actuar criminal de inadaptados pone en riesgo la biodiversidad y la fauna en un territorio determinado, como también a la población y a quienes no están relacionados a la vida de campo, como es el caso de los conductores que transitan por rutas.
Entre julio y agosto, bomberos del interior tuvieron que extremar recursos para contener las llamas. Aun dentro de la precariedad de recursos, supieron apagar los focos, pero es una lucha que parece no detenerse como no se detiene la inconsciencia y la poca consideración hacia el medio ambiente.
Desde el 2010, la Ley 4010 intenta poner freno al descontrol de la quemazón de pastizales, con duras sanciones económicas para quienes incurren en tales conductas sin contar con las autorizaciones correspondientes.
“Se prevén sanciones de multas de 100 (cien) a 2.000 (dos mil) jornales mínimos fijados para actividades diversas no especificadas en la República a quienes para realizar quemas no se sometieren a los requisitos establecidos en la mencionada ley”.
La normativa refiere que para autorizar una quema –se aclara siempre que esta no resulta recomendable–, el interesado debe notificar y ajustarse a los parámetros, de concurrencia de viento inferior a una velocidad establecida, con una temperatura del aire máxima y humedad relativa ambiente mínima determinada.
Otros puntos a ser considerados son:
- El periodo de meses en que será permitida la quema.
- El intervalo de tiempo mínimo entre una y otra quema.
- Las horas de inicio permitidas.
- La cantidad mínima de personas, provistas de elementos para iniciar la ignición, que deben concurrir.
- Los vehículos, medios de comunicación y todo otro elemento de seguridad.
Del mismo modo se establece que los municipios son los responsables de ejecutar la ley, emitiendo los antecedentes al Ministerio Público en caso de que una quema de pastizal ocasione un delito ambiental.
A pesar de la existencia de esta ley, no se observan condenas ejemplares que sirvan de lección para detener estas peligrosas conductas en los campos.