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En la noche del 6 de setiembre del 2013 Ramón Denis Cardozo, docente, descansaba en su vivienda con su familia. La jornada terminaba normalmente, como todos los días. Pero de pronto hombres fuertemente armados y con uniforme militar irrumpieron en la casa, lo sacaron de la cama, le apuntaron al rostro y lo golpearon.
Una y otra vez lo acusaban de ser otra persona: Elvio Ramón Cardozo, supuesto integrante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Durante casi una hora revolvieron todo, desordenaron y rompieron todo a su paso en busca de evidencias. Mientras, el maestro, su esposa y sus cuatro hijos estaban en el suelo, boca abajo. Todavía no entendían lo que pasaba. “¡Vos cambiaste tu nombre, bandido!”, le gritó un uniformado cuando el sospechoso le mostró su cédula de identidad.
‘Rojavy arma’, fue lo último que escucharon de estos hombres antes de retirarse. Esto se repitió en otra vivienda cercana esa misma noche. Se repitió la tortura, el terror y el error, porque tampoco encontraron al que buscaban.
La primera diligencia de la Fiscalía no fue tomarle declaración al docente, su relato de los 45 minutos de miedo no era importante. Al contrario, pidieron certificado de antecedentes penales y policiales para ver ante quién estaban.
El 22 de enero de 2014, unas 250 personas de comunidades campesinas de Araverá, Naranjito, 1° de Marzo, 8 de Diciembre del distrito de Gral. Resquín, San Pedro, se manifestaban en forma pacífica frente a la propiedad de un ciudadano brasileño de nombre Evaldo Araujo, en protesta por la plantación y fumigación de soja transgénica.
Los manifestantes fueron violentamente reprimidos con balines de goma y gas lacrimógeno por al menos 200 efectivos policiales antidisturbios y de comisarías de la zona. Varias personas, incluso de avanzada edad, resultaron heridas.
La causa fue denunciada y se acercaron numerosos elementos probatorios como fotografías y videos. El caso permaneció paralizado por más de un año, sin avance alguno y tres años después sigue en “etapa investigativa”.
Historias como estas abundan, o como el hombre que fue al puesto policial de Colonia San Antonio, distrito de Yhú a denunciar a su vecino que lo agredió con una hondita, pero al contrario fue encañonado, lo pusieron boca abajo, le robaron 250.000 guaraníes, lo golpearon. Fue esposado y enviado a un hospital. Pese a identificar a sus agresores, la causa está dormida.
La Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay realizó un análisis de las causas por tortura ingresados a la Fiscalía. Sus conclusiones son lapidarias. En todos los casos se observa el mismo patrón, una investigación lenta y deficiente. Falta de diligenciamiento de manera efectiva de elementos probatorios. Investigaciones paralizadas, sin imputados pese a elementos.
El estudio se basó en una serie de hechos que involucran a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y a la Policía, pero, pese a tener varios años, no hay imputados y la tendencia apunta claramente a dejar impune a los implicados.
Casos de esta naturaleza presentan patrones muy similares de la actuación de la Fiscalía, cuando existe denuncias contra las fuerzas del orden, las primeras acciones fueron investigar a las propias víctimas, con pedidos de antecedentes penales y policiales, en contrapartida no se pide el legajo de los agentes y tampoco se indaga sobre sumarios administrativos que puedan tener, basados en su comportamiento.
Una de las principales conclusiones a las que se llegó es que en todas las causas que fueron objeto del estudio, se observa una clara tendencia a descartar la investigación por tortura, interponiendo recurriendo a la figura penal de la lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas, con lo que se opaca la actuación del agente del orden implicado.
Con esta investigación queda al descubierto los altos niveles de impunidad en los hechos que involucran a uniformados, generando en la sociedad la sensación de desconfianza, temor e inseguridad hacia las fuerzas públicas y hacia la tarea de los fiscales.