En los últimos ocho años ocurrieron más de una docena de casos –al menos los que tomaron estado público- de policías que en situaciones personales o estando de servicio hicieron uso irracional y desproporcional de la fuerza, causando daños irreparables o la muerte a personas inocentes. El último caso de los llamados “gatillo fácil” fue el de Richar Pereira, el joven de 25 años a quien dos agentes de la Policía persiguieron, dieron alcance y lo sometieron, pero a pesar de que no representaba una amenaza letal, recibió un disparo en la nuca de parte de uno de los policías.
Si bien existe desde hace muchos años un Manual de Procedimiento interno para las tareas de aprehensión, detención u otras circunstancias que la Policía deba hacer, el MNP encontró que la mayoría de los agentes no conoce la existencia del manual o saben que existe pero no ignoran las reglas allí dispuestas y el espíritu de las normativas.
“La Policía puede hacer uso de la fuerza en forma legal y legítima, pero tiene que regirse sobre la base de determinados principios de actuación, pero la regulación interna pareciera no tener la fuerza suficiente ni la importancia debida dentro de la institución, entonces vimos la necesidad que se establezca una ley, que regule el uso de la fuerza. Por un lado para que tenga mayor peso y por otro, para que la ciudadanía sepa, qué es lo que puede y no puede hacer un policía”, explicó la socióloga Diana Vargas Núñez, comisionada del MNP.
Por ello comenzaron a trabajar con la diputada Rocío Casco (AP) y con el departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional. Hasta el momento, lo que se hizo fue volcar en el documento nuevo parte de lo que ya está en el manual vigente, como así también incorporaron cuestiones que a nivel regional están siendo legisladas en materia de uso de fuerza policial, como por ejemplo la regulación de armamentos prohibidos, de armamento letal y no letal y la inclusión de regulación de armamentos considerados no letales que la Policía Nacional está usando actualmente pero que no está regulado como el gas pimienta, el Taser o pistola eléctrica.
Por el momento aguardan que la Policía brinde el listado de las armas letales y no letales que utiliza en la actualidad, mientras que ya fue conformado un equipo de jefes policiales de alto rango que analizarán capítulo por capítulo la propuesta de ley, explicó Vargas Núñez. Además, solicitaron asistencia al Comité Internacional de la Cruz Roja, para que brinde asesoramiento a través de expertos de otros países así como también pidieron asesoramiento a la una oenegé británica llamada Omega, que trabaja con cuestiones de seguridad y uso de la fuerza pública.
La socióloga indicó que este proyecto no solamente responde a los casos de “gatillo fácil”, sino a la violencia general instalada y casi normalizada en los operativos de la Policía, sea en detenciones, traslados, desalojos y otros.
“En Paraguay, un procedimiento policial de aprehensión o cualquier tipo de procedimiento, o de traslado de un detenido por ejemplo, generalmente incluye uso innecesario, irracional y desproporcional de la fuerza, es como que ya la práctica instalada cuando que eso es absolutamente ilegal”, explicó.
Vargas Núñez dijo que el MNP recibe denuncias constantes de gente que reporta abuso del uso de la fuerza, plantación de evidencias pero que no quieren iniciar procesos por temor a represalias, por ejemplo el hombre que días atrás denunció que su hijo fue víctima de un policía gatillo fácil y desde que judicializaron el caso han tenido amenazas de muerte, asaltos y hasta visitas de sicarios en Ciudad del Este.
“Tenemos un circulo de violencia institucional que es muy importante y que la ciudadanía no tiene que ser indiferente y solamente reaccionar cuando le toque, porque todos estamos expuestos a esto, no solamente Richar, sino cualquiera de nosotros y no tenemos que esperar para decir que hay que parar esto”, concluyó.