Tan solo en la última década, más de 700 periodistas pertenecientes a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fueron asesinados como venganza por haber realizado publicaciones que molestaron a los poderosos. La mejor forma que estos encontraron de vengarse, fue segando la vida de estos trabajadores, creyendo que así apagarían las voces que descubrían lo turbio, lo que no les convenía.
Pero, aunque lo intentaron muchas veces, nunca lo lograron. Nuevos colegas surgieron aún con más ganas de descubrir la basura debajo de la alfombra del poder.
El escenario se torna aún más preocupante si nos ponemos a pensar en la resolución de estos casos a nivel de justicia. Solo el 10 % de los crímenes que se cometieron, es decir, 70, concluyeron en una condena que dejó tras las rejas a los culpables.
De manera a sentir más cercana la problemática, vayamos al contexto nacional. Desde el año 1991, han sido 17 los comunicadores que, sin proponérselo, se convirtieron en mártires, tras perecer en manos de sicarios, pagando así un precio injusto por lo que debería ser un trabajo digno.
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Santiago Leguizamón, Calixto Mendoza, Benito Ramón Jara, Salvador Medina, Yamila Cantero, Samuel Román, Ángela Acosta, Alberto Tito Palma, Martín Ocampos, Merardo Romero, Marcelino Vázquez, Carlos Artaza, Fausto Gabriel Alcaraz, Édgar Fernández Fleitas, Pablo Medina, Antonia Almada, Gerardo Servián.
Esta es la dolorosa lista de los comunicadores caídos, cuya única condena fue tener la valentía de decir verdades que no convenían a ciertos sectores.
El 2 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad contra periodistas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y proclamado desde el año 2013.
La fecha fue establecida tras una Asamblea General de la ONU, el 18 de diciembre de 2013, cuando la organización aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la problemática de la impunidad.
En ese mismo documento, se condenaron todo tipo de ataques contra trabajadores de los medios de prensa. Así, la fecha 2 de noviembre fue elegida en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí, en el año 2013.
En esta misma resolución, se instó a los Estados miembros a realizar acciones concretas para prevenir de raíz acciones violentas contra los periodistas. Además, se exigió a los gobiernos asegurarse de que los responsables sean llevados ante los tribunales y paguen por los crímenes.
En ese mismo acuerdo se definió promover un entorno seguro para que los periodistas de todos los países reealicen su labor con independencia y sin restricciones.
Pese a todos los ejes pautados, lo cierto es que la profesión sin violencia es aún una utopía. Las muertes no paran en Latinoamérica, y la injusticia es igual de grave que los mismos crímenes.
Lo peor es que la impunidad funciona como una especie de aliento para los violentos. Al no existir una condena para los culpables, otros se envalentonan a seguir con los homicidios. Consecuentemente hay más violencia, convirtiendo a la situación en un perverso círculo de muerte y dolor.
Santiago Ortíz, representante del Sindicato de Periodistas del Paraguay, sostuvo que de los 17 asesinatos a contra periodistas cometidos en nuestro país, tan solo dos han llegado a lo que se podría llamar una “justicia parcial”.
Estos son los casos de los comunicadores Salvador Medina y su hermano, el periodista de ABC Color, Pablo Medina, quien fue asesinado junto a Antonia Almada.
Salvador fue muerto a balazos el 5 de enero de 2001, mientras circulaba en motocicleta en Capiibary, Departamento de San Pedro.
Tras un extenso proceso judicial fue condenado a 25 años de prisión Milciades Maylin, autor material del homicidio, pero los ideólogos del crimen jamás enfrentaron a la justicia.
Pablo, por su parte, fue asesinado junto a Antonia Almada el 16 de octubre de 2014 en Villa Ygatimi, departamento de Curuguary, cuando regresaba de una cobertura periodística.
La investigación determinó que el crimen fue ordenado por el exintendente municipal de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta Riveros. Actualmente el hombre está procesado por la justicia bajo la figura penal de homicidio doloso en grado de instigación.
Solo dos de los 17 crímenes solo dan cuenta de una irrisoria justicia que no toma el suficiente interés en resolver los casos.
Uno de los mayores pedidos del Sindicato de Periodistas del Paraguay, es la creación de una Fiscalía especializada en crímenes contra la libertad de expresión, aspiración que aún está lejos de ser una realidad.
“Uno de los mayores obstáculos para el esclarecimiento de los crímenes es que muchos no se investigan realmente como delitos por causa de la falta de libertad de expresión. Tenemos homicidios de compañeras colegas, a los que se ha catalogado como crímenes pasionales, siendo que también perdieron la vida en el ejercicio de la profesión”, refiere Santiago Ortíz.
Otra gran desventaja es que muchos de los crímenes contra periodistas se cometieron cuando aún no existía el Ministerio Público en nuestro país, que entró en vigencia recién en el año 2000, por lo que una gran mayoría de los casos acontecidos antes de este año duermen en los escritorios de diferentes juzgados del terrotorio.
Al momento de comparar la situación de violencia que viven otros países, Santiago Ortiz analiza que si bien en nuestras naciones vecinas también existe mucha violencia “me atrevo a decir que no hay lugar donde haya tanta impunidad como en Paraguay en materia de asesinatos a comunicadores”, dice Santiago.
Una de las metas fundamentales de la organización sindical paraguaya en la actualidad es lograr la aprobación de la Ley de protección para periodistas.
En conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, fue elaborado el proyecto de ley en el que se establecen mecanismos de acción y protocolos estratégicos para que los periodistas tengan un sitio dónde acudir cuando se sientan expuestos por amenazas o ataques violentos sin previo aviso.
El protocolo de seguridad es otro de los grandes sueños de los periodistas sindicalizados.
Hace un tiempo atrás, los dirigentes de la organización elaboraron en conjunto con la Policía Nacional un Protocolo de seguridad que debía haber firmado el comandante de la Policía, sin embargo, quedó cajoneado y nunca se puso en funcionamiento. Ortiz invita a visitar el Observatorio de Libertad de Expresión, a través de la página libertaddeexpresion.org, donde encontrará un sitio donde puede denunciar su amenaza y encontrar protección en otros colegas, además de recomendaciones sobre cómo actuar ante intentos de amedrentamiento y cómo contribuir a ponerle un estate quieto a la violencia.